MÉRIDA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Mérida presentará una denuncia por "prevaricación" contra el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el consejero de Desarrollo Rural, Francisco Javier López Iniesta y la directora general de Haciendas Locales de la Consejería de Desarrollo Rural por su actitud frente a las operaciones urbanísticas llevadas a cabo por el consistorio emeritense en el antiguo cuartel Hernán Cortés y en el geriátrico de la zona sur.
Así se postuló hoy el consejero de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Mérida, Miguel Valdés, en respuesta a las afirmaciones realizadas ayer por el vicepresidente de la Junta, Ignacio Sánchez Amor, en las que cuestionaba la legalidad de las operaciones.
En el trascurso de una rueda de prensa, Valdés, apuntó que esta denuncia se llevará a cabo por los ciudadanos de Mérida "que se lo merecen" y recordando que los emeritenses tendrán "siempre a su lado" al equipo de Gobierno, que con estas actuaciones urbanísticas solo pretenden traer beneficios a la ciudad.
También mostró su sorpresa por las declaraciones de Sánchez Amor, del que dijo que "no conoce Mérida" y que "ni siquiera sabe donde está la sede del PSOE local", con lo que añadió que lo que diga el vicepresidente de la Junta y también secretario general de la ejecutiva local emeritense sobre la ciudad le produce "risa", ya que responde a la intención de "enredar e intoxicar" a la opinión pública.
Así Valdés volvió a reiterar la "legalidad" de las dos actuaciones y dijo que las opiniones contrarias a los proyectos corresponden al "nerviosismo" que pueden sentir la Junta y PSOE de Mérida ante el conocimiento en detalle de los proyectos presentados que pueden constituir uno de los proyectos "más importantes" para la capital de Extremadura.
En este sentido explicó que el Ayuntamiento de Mérida no ha vendido ninguno de los terrenos ocupados por el antiguo cuartel Hernán Cortés ni de los que se asentará el geriátrico de la zona sur, lo que ha llevado a cabo el consistorio es dar a los constructores derecho de superficie, manteniendo en todo momento su condición de suelo público, y ahí explico Valdés se sustenta la "legalidad" del proyecto.
"La intención de los socialistas con estas críticas es cubrir con tela un expediente inmaculado de un proyecto que será muy bueno para la ciudad", apuntó, y obedece en palabras del consejero municipal de Relaciones Instituciones al comportamiento ya repetido de que primero "el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángel Calle apunta y después toda la Junta de Extremadura dispara contra el ayuntamiento".
"Donde se ha visto en España este cerco de una administración regional a una local", se cuestionó.