VALENCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona (Valencia) presentará alegaciones contra el Parque Natural del Túria aprobado recientemente por parte de la Generalitat Valenciana y que afecta a 5 millones de metros cuadrados de este municipio del Camp de Túria.
Las alegaciones en contra del Ayuntamiento recogerán "el sentir unánime expresado en la última reunión del Consell Agrari de la Pobla, organismo en el que están representados los sindicatos, las organizaciones agrarias y las formaciones políticas", indicaron fuentes del ayuntamiento.
El equipo de gobierno ha convocado a los propietarios de los terrenos afectados y a los ciudadanos de la Pobla a una reunión informativa que tendrá lugar el próximo día 9 de noviembre en la Casa de Cultura y en la que se explicarán los rasgos técnicos del mencionado proyecto de la Generalitat.
El edil de urbanismo, José Ramón García Ferrer (OIV), criticó los "criterios arbitrarios empleados por la Generalitat Valenciana para proteger 5 millones de metros cuadrados en la Pobla que carecen de cualquier valor paisajístico tal como reconoce la propia conselleria y, sin embargo, se le ha concedido la máxima protección a pesar de que se trata de campos de cultivo agrícola que ya figuran en el plan general como suelo no urbanizable; además, la Pobla está situada a más de 5 kilómetros del cauce del río".
El edil dijo que "en otros municipios cercanos como Riba-roja, Vilamarxant y Benaguasil -todos ellos gobernados por el Partido Popular- la Conselleria no ha empleado los mismos criterios de protección, a pesar de que estas localidades están situadas cerca del cauce del río y en estas áreas existen ya diversas construcciones".
La Conselleria de Territorio y Vivienda "tampoco ha contemplado los proyectos previstos en esta zona de la Pobla como es el caso de un ramal de la línea 1 del metro que se construirá en el propio casco urbano y, además, esta protección hipotecará la expansión demográfica y urbanística del municipio en las zonas oeste y sur, ya que en estas áreas la actividad agraria es cada vez menor", indicó.
El equipo de gobierno de la Pobla de Vallbona también censuró "la ausencia de indemnizaciones hacia los propietarios de los terrenos afectados". "Se trata de parcelas de pequeños propietarios que con este nivel de protección se verán afectados muy negativamente, pues muchos de los terrenos no están cultivados y en un futuro no se podría realizar ningún tipo de actuación; por tanto, esos propietarios no recibirán ninguna indemnización ni ayuda de la Generalitat y se producirá un agravio comparativo respecto de los propietarios de otras zonas", aseguró García Ferrer.
El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona está de acuerdo en la protección del entorno ambiental y en llevar a cabo una ordenación urbanística "racional y controlado pero siempre que se fijen criterios lógicos, tal como se recoge en el plan general urbanístico aprobado en abril de este año".
El equipo de gobierno considera también "especulativo que el área de protección no afecte a los proyectos de construcción de los campos de golf de la Pobla y Benaguasil previstos en los entornos de los 5 millones de metros protegidos".
"Con esta fórmula lo único que consiguen es revalorizar los terrenos del golf ya que así en sus entornos no se producirá ninguna actuación urbanística", lamentó el edil de urbanismo, para quien "si se aplica este plan tal como está redactado se coarta el futuro para los próximos años de la Pobla y, además, se estrangula el crecimiento urbanístico natural".
El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha recordado que en esta zona está ya en proyecto un corredor verde de 50.000 metros cuadrados de extensión que se denominará "Parc de la Foia", que constará de un paseo peatonal desde el casco urbano hasta la estación del tren. Además, se contempla la construcción de un anfiteatro, un cine de verano, un circuito ciclista y peatonal, una pista de patinaje para skateboard, una zona de juegos infantiles y un centro cultural.
El plan general de ordenación urbana (PGOU), aprobado en abril de este año, contempla que el 50'4% del término municipal mantendrá la calificación de uso rústico, otro 35% se destinará a suelo residencial, un 5% para la instalación de industrias y otro 5% para espacios libres e infraestructuras públicas. Las zonas verdes alcanzarán los 676.000 metros cuadrados, una cifra que cumple con el margen estándar establecido por la ley.
