La portavoz del Gobierno vasco cuestiona que se considere una presión el "alzar la voz con un poco de firmeza" ante un "atropello"
SAN SEBASTIÁN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, aclaró hoy que, al afirmar que "no va a resultar gratuito" encausar el lehendakari, Juan José Ibarretxe, el Ejecutivo quiso decir que "no puede tomarse como un síntoma de normalidad" ese hecho, y que, por ello, "cuando todo esto termine, y creo que todos sabemos cómo va a terminar, las cosas no pueden quedar como si aquí no hubiese pasado nada".
En una comparecencia en San Sebastián para informar del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que Ibarretxe interpondrá contra su encausamiento, Azkarate respondió, de esta forma, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, quien ayer pidió que "se aclare qué significa esa expresión de que no va a salir gratis encausar al lehendakari" por reunirse con Batasuna.
La portavoz del Gobierno vasco dijo que no puede "tomarse como un síntoma de normalidad" el encausamiento de "la primera autoridad" de Euskadi "por favorecer la paz y la normalización política".
A ello añadió que, "desgraciadamente, estamos acostumbrados a ver al presidente del Parlamento vasco, a miembros de la mesa del Parlamento y al consejero de Interior en distintas causas y prestando declaración", y consideró que, "evidentemente, las cosas no pueden seguir así". "A eso nos referíamos", añadió.
Sobre el anuncio ayer del presidente del PNV, Josu Jon Imaz, de la posibilidad de organizar una movilización social contra la decisión judicial, Azkarate señaló que "hay ámbitos que corresponden al Gobierno y ámbitos de decisión que corresponden al PNV", y que el Ejecutivo "no ha tomado ninguna decisión" al respecto.
Preguntada sobre si un acto de esas características puede suponer una presión, dijo no entender "por qué en el momento en el que se alza la voz con un poco de firmeza para protestar ante lo que es un atropello desde todos los puntos de vista", eso pueda ser considerado una presión. "¿La decisión del Tribunal Superior de Justicia me quieren decir qué es?", planteó.
Según explicó, Ibarretxe presentará recurso de amparo en un plazo de 20 días desde su notificación, esto eso, de ahora a primeros de noviembre, y en el mismo solicitará "la inmediata rehabilitación" de sus "derechos fundamentales" y el archivo de la causa penal abierta contra él.
Ibarretxe recurrirá la decisión judicial "por la reiterada y permanente lesión de sus derechos como máxima autoridad política de este país". El lehendakari entiende que la causa penal abierta contra él "lesiona gravemente el derecho de sus ejercicios fundamentales, que le facultan para hacer política y llevar a cabo un diálogo político sin exclusiones, con el propósito de construir la paz y la normalización política", explicó Azkarate.
ARGUMENTOS DEL RECURSO
El recurso de amparo se sustentará en que el propio TC "ha reiterado que no puede constitutivo de infracción penal el ejercicio legítimo de un derecho fundamental", y en que la propia Constitución, en su artículo 25, "establece que nadie puede ser condenado" por acciones que "no constituyan delito según la legislación vigente".
Azkarate recordó que "han sido múltiples" las personas que se han reunido con Batasuna y ETA "con el fin de poner en marcha el proceso", al que el propio Parlamento Europeo va "a dar su apoyo en los próximos días".
En este sentido, señaló que el Tribunal Supremo "no vio "ningún reproche penal" en la reunión que "el señor Carod-Rovira mantuvo con ETA" y que la Audiencia Nacional también "estableció que no existe delito alguno en el hecho de reunirse con Batasuna".
"Todos estos hechos son evidentes para todos los ciudadanos excepto para la sala del TSJPV, que en un auto desproporcionado y sin fundamento ha decidido encausar por primera vez en la historia a un lehendakari", agregó.
Azkarate denunció que el auto "extiende el tipo penal y, para ello, acude a una interpretación irrazonable del delito de desobediencia y de la figura del cooperador necesario", que "está en contra incluso del criterio" que el mismo tribunal manifestó en un auto de 22 de febrero de 2005. En este sentido, subrayó que "no ha existido resolución judicial que prohibiera expresamente al lehendakari reunirse con representantes de la izquierda abertzale".
Finalmente, aseguró que no reclaman que la Justicia "deje de ejercer su función, sino que sus decisiones estén fundamentadas en la objetividad jurídica de los hechos, y no en valoraciones que forman parte de la actividad política y que son ajenas al derecho y a la función jurisdiccional de jueces y magistrados".
