Azkarraga aboga por "clausurar definitivamente las prisiones vascas" y por crear centros "adecuados a las necesidades"

VITORIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, abogó hoy por "clausurar definitivamente las prisiones actuales" que existen en el País Vasco, en Basauri, Nanclares y Martutene, y por "crear una red de centros de tamaño adecuado a las necesidades de cada territorio", y con "características específicas en función de las diferentes necesidades para la reinserción de los reclusos".

Durante el acto de apertura de una jornada sobre el "Modelo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para Euskadi en el Contexto de las Competencias Estatutarias", celebrado en Vitoria, Azkarraga aseguró que las cárceles vascas "presentan un panorama desolador", con infraestructuras y equipamientos que todos los profesionales del sistema de ejecución penal de Euskadi coinciden en calificar de obsoletos".

El consejero criticó la "inexistencia de Centros de Inserción Social, la única unidad extrapenitenciaria", así como "los escasos recursos de los Servicios Sociales Penitenciarios", algo que, en su opinión, "agrava aún más el diagnóstico".

En este sentido, recordó que la propia directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, "reconoció, tras una visita, las pésimas condiciones en las que se encuentran estos centros".

Por todo ello, consideró que "se deberían clausurar definitivamente las prisiones actuales", lo que "no implica necesariamente el abandono de su actual ubicación". Asimismo, apostó por la creación de "una red de centros de tamaño adecuado a las necesidades de cada territorio" y "con características específicas, en función de las diferentes necesidades para la reinserción de los reclusos".

Azkarraga discrepa en este punto de la intención de Instituciones Penitenciarias de abrir un centro en Zubieta (San Sebastián) de 504 celdas y con una capacidad real para cerca de 800 personas.

"Es un centro que no responde a las necesidades de la población guipuzcoana y no encaja con el modelo que el Gobierno vasco propone", aseguró, antes de anunciar que "se harán los esfuerzos necesarios para que el proyecto experimente una modificación radical".

Actualmente hay 1.296 personas presas en Euskadi, de las cuales, 89 son mujeres (20 preventivas) y 1.207, hombres (214 preventivos). La ubicación de la población reclusa es de 672 personas en Nanclares, 324 en Martutene y 300 en Basauri.

Respecto al modelo penitenciario que el Gobierno vasco propone, el consejero explicó que el número total de plazas óptimo se movería en una franja entre las 1.000 y las 1.500 plazas, incluyendo centros ordinarios, abiertos y unidades dependientes.

De éstas, entre el 30% y el 40% deberían ser en régimen abierto (centros de inserción social, unidades dependientes y servicios de deshabituación de drogodependencias) y el resto correspondería al régimen ordinario.

El titular de Justicia recalcó, además, la necesidad de "dedicar tres Centros de Inserción Social para personas en régimen abierto", uno en cada territorio y con una capacidad de entre 75 y 150 plazas para hombres y mujeres adultos.

La propuesta incluye también cuatro nuevos centros ordinarios, dos de los cuales serían para hombres adultos preventivos y penados y tendrían entre 250 y 350 plazas. Estas unidades estarían divididas en tres módulos de régimen abierto, uno semiabierto, dos preventivos, uno de tránsito y una unidad libre de drogas.

Otro de los centros ordinarios sería para hombres jóvenes de hasta 28 años, con una capacidad máxima de 100 plazas; y el cuarto, para mujeres, contaría con departamentos específicos para preventivas y madres con hijos a su cargo, y tendría entre 100 y 150 plazas.

UNIDADES HOSPITALARIAS

Para el Gobierno vasco serían, además, necesarias dos unidades hospitalarias (una general y otra psiquiátrica), vinculadas a la red sanitaria pública, y la creación de las llamadas Unidades Dependientes, previstas en la ley y concebidas como viviendas de pequeña capacidad que permitirían "formas especiales de cumplimiento a personas clasificadas en tercer grado".

En cuanto a los recursos para la ejecución de penas no privativas de libertad, el Consejero apostó por crear Equipos de Medio Abierto, para colaborar con jueces y tribunales en la ejecución de medidas de trabajo en beneficio de la comunidad, así como medidas de seguridad y medidas de apoyo a las libertades condicionales.

"Un aspecto fundamental del proyecto es la revisión de los sistemas de selección, formación y funcionamiento de prisiones y de ejecución penal en general", dijo Azkarraga, quien agregó que el objetivo es "potenciar una intervención que vaya más allá de la mera vigilancia, enfocándola hacia la reinserción social".

En este sentido, el titular de Justicia alabó la labor que realiza el "amplio tejido social existente, preocupado y comprometido con el apoyo a las personas presas", y que permite que "el encarcelamiento en Euskadi sea más soportable, facilitando que los presos puedan salir en régimen abierto, en libertad condicional o a comunidades terapéuticas".

Asimismo, destacó el papel que juegan el Servicio de Asistencia al Detenido, el Servicio de Asistencia a la reinserción y el Servicio de Asistencia a las Víctimas, dependientes del Departamento de Justicia.

Para Azkarraga, "el respeto a la dignidad de las personas debe constituir el eje y el límite infranqueable de la ejecución penal y penitenciaria". Sin embargo, dijo que "tampoco hay que olvidar a las víctimas", y apuntó que "un sistema más vengativo no conlleva una mejora de la justicia ni mayores beneficios para ellas".

"Se trata de buscar el justo equilibrio entre la compensación a la víctima y la reinserción social del penado", consideró, antes de apostar por "retomar el espíritu que inspiró en su día la Ley General Penitenciaria", convirtiendo en prioritarias "la reeducación, la formación y la reinserción de las personas presas, por delante de las medidas meramente aflictivas".

Por este motivo, subrayó la necesidad de "habilitar los medios materiales y humanos que sean necesarios" y de "implicar a los partidos políticos, los organismos sociales y los expertos en la materia".

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS

Azkarraga aprovechó su intervención para denunciar, una vez más, "la negativa del Gobierno central a cumplir el modelo constitucional de reparto de competencias en materia penitenciaria", algo que se le viene reclamando desde hace 27 años, y recordó que la última vez que se le pidió fue el pasado 26 de septiembre, cuando el Gobierno vasco requirió al de Madrid la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias.

El consejero de Justicia consideró que "es ya momento de que el Gobierno central muestre una auténtica voluntad de cooperación institucional en el ámbito de la ejecución de penas y medidas", y concluyó asegurando que de este modo "se abriría un gran número de posibilidades para mejorar la situación de las personas penadas y presas".