Balza destaca la "acogida favorable" en la UE de las medidas para mejorar las garantías de detenidos incomunicados

BILBAO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los representantes del Comité para la Prevención de la Tortura y el Comisario Europeo de Derechos Humanos, Alvaro Gil Robles, expresaron hoy su "acogida favorable" a las medidas puestas en marcha por la Ertzaintza para mejorar las garantías de los detenidos en régimen de incomunicación, según conclusiones de la delegación vasca de Interior, encabezada por el consejero Javier Balza, que se entrevistó hoy en Estrasburgo con los responsables de Derechos Humanos comunitarios.

La primera de las reuniones se celebró, a las diez de la mañana, con la directora general de Derechos Humanos del Consejo del CPT, Katerina Bolognese, a quien los responsables vascos de Interior explicaron en detalle la evolución de las medidas adoptadas por la Ertzaintza para extender las grabaciones que se realizan en las comisarías a todas las fases del proceso de detención, incluidos los interrogatorios, también en el caso de las detenciones en régimen de incomunicación.

Interior señaló que dicha medida, anunciada por Balza al comienzo de la presente legislatura, es "la culminación de un proceso de mejora en las garantías para los arrestados que se inició con la puesta en marcha de un protocolo específico hace tres años".

El consejero vasco de Interior trasladó los mismos datos al Comisario Gil Robles, quien, al igual que los representantes del CPT, mostró su acogida "favorable" a estas medidas, según aseguró la Consejería dirigida por Balza.

GRABACION DE TODAS LAS DETENCIONES

La iniciativa que han explicado hoy los cargos de Interior a los responsables europeos de derechos humanos extiende las grabaciones a todo tipo de detenciones, incluidas las que tienen lugar en régimen de incomunicación, que son las que mayor sensibilidad despiertan entre los organismos de defensa de los derechos humanos.

Con esta medida, la Ertzaintza busca eliminar cualquier sospecha de opacidad en el respeto de los derechos de las personas que son detenidas por la comisión de hechos presuntamente delictivos y trasladadas a sus dependencias a la espera de ser puestas a disposición judicial.

La Ertzaintza puso en marcha hace tres años un protocolo para ampliar las garantías de respeto a los derechos de los detenidos en régimen de incomunicación, elaborado en colaboración con los Departamentos vascos de Sanidad y de Justicia y destinado a garantizar aspectos como el reconocimiento forense de los arrestados desde el momento de su detención, su tutela por organismos judiciales o la información permanente de su situación a los familiares.

Asimismo, se establecía ya entonces el control de los procesos de detención mediante la grabación por cámaras, aunque solo en el caso de arrestados no incomunicados. Este sistema ya plenamente operativo cuenta actualmente con el visto bueno de los organismos judiciales y del Ararteko (Defensor del Pueblo en Euskadi) que han comprobado y evaluado su funcionamiento.

Tan solo quedaban al margen del registro videográfico los arrestos en régimen de incomunicación, fundamentalmente de miembros de organizaciones terroristas, en cuyo caso "la eficacia de las investigaciones y la propia seguridad de los agentes policiales encargados de luchar contra estas organizaciones se consideraban criterios preferentes de decisión", precisó Interior.

Posteriormente, ya al inicio de la actual legislatura y siguiendo los criterios emitidos por organizaciones como la propia ONU, el Ararteko o Amnistía Internacional, el Departamento de Interior decidió extender las medidas de garantía derivadas de la grabación también a las detenciones de personas a las que se aplicaba el régimen de incomunicación.

Para ello, realizó las pertinentes reformas en los dispositivos de grabación de los centros policiales, extendiendo su cobertura también a los interrogatorios.

Actualmente el sistema de grabación se encuentra ya operativo y, desde que el consejero lo diera a conocer al inicio de la legislatura, ha habido ya dos casos de detenidos incomunicados en los que se ha puesto en marcha esta iniciativa.