Balza pide "alternativas" al régimen de incomunicación de detenidos y dice que la Ertzaintza lo usa de forma "medida"

VITORIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Interior, Javier Balza, propuso hoy buscar "alternativas" al régimen de incomunicación que se aplica en determinadas detenciones y dijo que la Ertzaintza sólo ha recurrido a esta medida en siete ocasiones desde 2004, porque la usa de forma "medida". Estas declaraciones precedieron a la aprobación de una iniciativa por parte del tripartito y Aralar para instar al Congreso a que establezca la obligatoriedad de grabar a todos los arrestados y para que acabe con la incomunicación.

La resolución fue acordada en la ponencia para analizar los derechos de las personas detenidas, celebrada en el seno de la Comisión de Instituciones e Interior del Parlamento tras la comparecencia ante este órgano del consejero de Interior, Javier Balza, quien destacó que el sistema integral de grabaciones en las comisarias de la Ertzaintza "estará operativo en los próximos días".

La comparecencia de Balza se produjo a raíz de una petición de Aralar, que reclamó al consejero que informará sobre el proyecto para la instalación de cámaras de grabación en todas las comisarías de la Policía vasca anunciado al principio de la legislatura.

El consejero aseguró que la extensión de esta garantía a los detenidos en régimen de incomunicación se está aplicando de forma "efectiva" a través de un sistema provisional y anunció que el dispositivo definitivo "estará plenamente operativo en los próximos días".

Según explicó, este sistema se incluirá en el sistema informático general de la Ertzaintza con el fin de lograr "un método totalmente integrado y con plenas garantías de permanencia, registros y horarios" y que no pueda ser sometido a "manipulación individual".

"TORTURA IMPOSIBLE"

Balza manifestó que la puesta en marcha de este dispositivo forma parte de las iniciativas adoptadas por su departamento para que "la tortura y los malos tratos sean imposibles en la Ertzaintza". El consejero subrayó que las medidas que aplica la Policía Vasca en esta materia son "pioneras" en el Estado español.

Tras informar sobre las actuaciones destinadas a garantizar los derechos de los detenidos que se encuentran sometidos a incomunicación, destacó la necesidad de "buscar alternativas" a este mecanismo.

No obstante, recordó que la prohibición de la figura del aislamiento depende del Ejecutivo central, por lo que indicó que, mientras siga vigente, su consejería "hace una aplicación no sistemática, justificada, medida y proporcional" de esta medida.

Para ilustrar estas afirmaciones aseguró que en los últimos tres años tan sólo se ha aplicado la incomunicación en tres detenciones efectuadas por la Ertzaintza --tres en 2004, una en 2005 y tres en lo que va de año--.

El parlamentario del PSE-EE, Miguel Buen, defendió la incomunicación porque ante "situaciones excepcionales", como las que plantea el crimen organizado y el terrorismo, es necesario aplicar "herramientas excepcionales".

Además, indicó que esta medida "no debe aplicarse para que el arrestado declare lo que sea mediante métodos inadecuados", sino para evitar que éste "informe a sus cómplices" sobre cuestiones que podrían dificultar nuevas detenciones o que podrían impedir que se eviten determinados actos delictivos.

El responsable del PP en materia de Interior, Carlos Urquijo, cuestionó la idoneidad del sistema de grabaciones de la Ertzaintza, ya que "si realmente hay voluntad de inflingir malos tratos" no podrá evitar que se produzcan.

Además, aseguró que la medida supone "un flaco favor" a la Policía vasca porque ofrece "excesivo crédito a las habituales denuncias de torturas del entorno de ETA", de las que afirmó que la mayoría son "falsas".

CIFRAS "RIDICULAS"

Respecto a la aplicación de la incomunicación en apenas siete ocasiones en los últimos tres años, aseguró que se trata de una cifra "ridícula" y criticó que para aplicarla "es necesario que la Ertzaintza detenga presuntos terroristas", algo que dijo que no se produce desde 2003.

La parlamentaria del PNV, Elixabete Piñol, se mostró satisfecha por los mecanismos establecidos para garantizar los derechos de los detenidos y mostró su confianza en la profesionalidad de la Ertzaintza.

El secretario general de EA, Unai Ziarreta, consideró "positivo" tanto el anuncio de la puesta en marcha del sistema definitivo de grabaciones como la aplicación "proporcionada" de la incomunicación por parte de Interior mientras esta medida siga vigente.

El portavoz de EB-Berdeak, Oskar Matute, se mostró satisfecho con la "línea garantista" de la política del departamento de Balza y también coincidió en la necesidad de acabar con la incomunicación.

Desde EHAK, su portavoz, Nekane Erauskin, consideró que el dispositivo de grabación "no garantiza" los derechos de los detenidos y aseguró que "la ley no es motivo suficiente" para que la Ertzaintza aplique la incomunicación, ya que el uso o no de esta medida depende de si existe "voluntad política".

La parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, consideró que es "poco comprensible" que el Gobierno vasco afirme estar en contra del aislamiento pero luego aplique esta medida, aunque lo haga de forma "justificada". "¿Qué criterios se siguen para determinar cuando está justificada?", preguntó.

PONENCIA

La propia Ezenarro compareció tras la comisión para informar sobre el desarrollo de la ponencia para analizar los derechos de las personas detenidas celebrada tras la comparencia del consejero.

La parlamentaria mostró su "satisfacción" por la aprobación de una iniciativa de su partido para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de forma que se establezca la obligatoriedad de grabar a todas las personas detenidas y se ponga fin a la incomunicación.

El acuerdo, alcanzado con los votos a favor del tripartito y Aralar, la abstención de EHAK y la oposición del PSE-EE y PP, se elevará a comisión, desde la que se trasladará al pleno. Después se elegirá una representación que llevará la iniciativa a las Cortes Generales.

A través del texto, se pretende que el Parlamento Vasco, por iniciativa legal, inste al Congreso a establecer las citadas modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.