Acusa a los responsables de la dirección y gestión de la formación de conseguir los donativos y decidir sobre su objetivo y tributación
MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ha solicitado a la Audiencia Nacional que archive la causa seguida en su contra por la 'caja B' que el juez Pablo Ruz consideró acreditada durante, al menos, 18 años en la formación política y ha apuntado a la "máxima autoridad" y a la dirección del partido como los responsables de no tributar las donaciones.
Así consta en un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado por la defensa del antiguo responsable de las finanzas 'populares' ante la Sala de lo Penal contra la decisión del juez Ruz de abrir juicio oral contra él y otras cinco personas por la contabilidad opaca que existió entre 1990 y 2008, último año recogido en la contabilidad de Bárcenas que no habría prescrito.
Bárcenas carga contra la "ceguera procesal" mantenida durante la "tan dilatada y profusa" instrucción al no practicar el instructor ninguna diligencia encaminada a "identificar y responsabilizar al verdadero obligado contable que, dentro del PP y conforme a la literalidad y taxatividad de la Ley se concreta en la máxima autoridad del partido".
"EL PRESIDENTE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PARTIDO"
En este sentido, critica que Ruz no haya imputado a los "administradores y legales representantes" de la formación 'popular' y añade que, de acuerdo con los estatutos, el presidente es su "máximo responsable" y ostenta la representación legal del PP, mientras que la dirección y la gestión recaería sobre el Comité de Dirección, los secretarios generales, el presidente o el Congreso Nacional.
"Nuestro representado se limitaba a anotar los ingresos y los pagos que le eran comunicados. Eran las propias personas responsables de la dirección y gestión del partido político quienes conseguían los donativos y decidían en que se empleaban", señalan los abogados Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante.
En resumen, la defensa destaca que "no había obligación tributaria" por parte del PP frente a las cantidades percibidas en concepto de donativos y que ello conduciría a la inexistencia de un delito fiscal. En cualquier caso, precisa que una eventual infracción recaería sobre el partido ya que su cliente no practicaba las liquidaciones de ningún impuesto ni era el responsable de la llevanza de la documentación culpable, que corresponde al "órgano máximo de dirección".
"¿TENDRÍA SENTIDO INCRIMINARSE?"
Dicho esto, recoge que los empresarios no le conocían pero sí citaron en sus declaraciones judiciales al extesorero Álvaro Lapuerta, también imputado en esta causa. "¿Tendría algún sentido que si Bárcenas se hubiera apropiado del algún fondo de la caja B del Partido el mismo entregase los documentos originales y explicase en sede judicial todos los movimientos que le incriminarían personalmente?", se preguntan los letrados.
En este contexto, desechan el delito de apropiación indebida que se atribuye a su cliente por incorporar, según el auto de Ruz, al patrimonio de Lapuerta "determinados fondos de la formación política que fueron empleados para la suscripción de acciones en la ampliación de capital de Libertad Digital".
La defensa de Bárcenas remarca que su representado no ordenó la adquisición de los títulos ni fue informado de la venta de acciones nominativas de Lapuerta y tampoco conoció su transmisión ni las condiciones de la misma. "No era el legitimado para reclamar la devolución a Lapuerta puesto que el único que podía hacerlo era el Partido Popular, que a día de hoy sigue sin haberlo hecho", añade.
"Rosalía Iglesias no se habría apropiado indebidamente de nada dado que como mínimo la cantidad de 60.000 euros se habrían retornado a las cuentas oficiales de donativos del Partido Popular", concluye para exigir evitar juicios "innecesarios" cuando los indicios de criminalidad resultan "desvirtuados" como, a su juicio, ocurre en este caso como consecuencia de las diligencias de investigación practicadas.
El juez Ruz dictó el pasado 23 de marzo el auto en el que transformó las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, y propuso que sean juzgados por estos hechos, además de los dos exteroreros Bárcenas y Lapuerta, el exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero por los pagos en negro de las obras de Génova.
El magistrado consideró que la formación presidida por Mariano Rajoy debe afrontar en un eventual juicio la responsabilidad civil subsidiaria correspondiente a los delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos por sus tres exdirigentes, que abonaron 1.552.000 euros a Unifica con dinero negro.
