MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordó hoy ampliar la imputación del dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi y de otros siete miembros de la formación ilegalizada, a los que tomará declaración la próxima semana, por un delito de amenazas terroristas relacionadas con las manifestaciones efectuadas durante la presentación en Pamplona de la denominada "comisión negociadora" dirigida al proceso de paz y por las declaraciones realizadas ayer por el coportavoz de Batasuna Joseba Permach.
El magistrado considera que los dos hechos citados, en relación con la entrevista concedida por miembros de ETA al diario Gara el pasado 14 de mayo, podrían ser constitutivos de amenazas "al hacer depender explícitamente, más que implícitamente, el cese de la violencia del frente militar de la organización terrorista de unos determinados factores, tratando de generar un temor racional en la sociedad, caso de sustraerse a la voluntad de quien materializa tales expresiones".
En un auto de tres páginas, el juez recuerda que los miembros de Batasuna han sido citados por haber vulnerado la suspensión de actividades que pesa sobre la organización al designar su nueva Mesa Nacional, que fue presentada el pasado 24 de marzo en el hotel Tres Reyes de Pamplona. Con posterioridad a dicho evento se han producido "nuevos hechos que 'ab initio', revisten los caracteres de delito y que aconsejan ampliar el contenido de esas declaraciones", según el juez.
HECHOS NUEVOS.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se refiere a la constitución, el pasado miércoles de "una comisión de miembros que debería integrar lo que ellos entienden una Mesa de Partidos, tras la declaración de 'alto el fuego permanente' de la organización terrorista ETA" y de las manifestaciones desarrolladas en su presentación.
Dice el juez que también deben tenerse en cuenta las declaraciones de ayer de Permach, donde hace referencia "a la necesidad de proceder en tal sentido, con el fin de garantizar dicha situación y sin concurrencia de interferencia alguna", como lo sería la adopción de medidas cautelares contra él y el resto de citados. Permach vinculó los hipotéticos encarcelamientos a un "bloqueo" del proceso de paz abierto tras el alto el fuego de ETA.
CONDICIONAR AL ESTADO.
Todas estas circunstancias, más la entrevista en Gara, forman parte, según Grande-Marlaska, de un "ideario común" que trata de hacer depender la situación de ausencia de violencia "de un concreto comportamiento de contrario por parte de los poderes legítimos del Estado y que constituye base histórica para poder verificar, indiciariamente, la comisión del delito de amenazas".
A petición de la Fiscalía, el juez ha citado a Otegi a las cinco de la tarde del próximo día 31 junto con los dirigentes abertzales Jon Gorrotxategi, Karmelo Landa y Rufino Etxebarria, mientras que un día después serán interrogados Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena, Joseba Permach y Joseba Álvarez.
Los imputados habrían incurrido en una reiteración delictiva al contravenir el auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 el pasado 17 de enero, que suspendió por dos años cualquier actividad de Batasuna dentro de la causa que investiga la financiación de ETA a través de las herriko-tabernas controladas por la organización abertzale.
El juez considera que Batasuna "es el frente político institucional" de ETA y menciona la existencia de documentos incautados a miembros de la banda en los que se alude a la "socialización del conflicto" con la finalidad de "obligar al Estado a aceptar los fines inherentes a la actividad criminal desarrollada".
FISCALÍA Y ACUSACIONES.
Por su parte, fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional señalaron hoy que aún no existe decisión de ningún tipo sobre si el próximo miércoles se solicitará alguna medida cautelar contra Otegi. El representante del Ministerio Público que estará presente en las declaraciones será el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, que sustituirá a Juan Moral en las diligencias de la próxima semana.
Por su parte, tanto Juan Carlos Rodríguez Segura, abogado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como Joaquín Ruiz, letrado de Dignidad y Justicia, anunciaron que pedirán el ingreso en prisión del líder de Batasuna. La AVT interesará también el ingreso en la cárcel del resto de citados, mientras que la asociación que representa Ruiz sólo lo pedirá para Otegi, Permach, Álvarez y Barrena.
Ruiz entregó hoy un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 5 solicitando la ampliación de los hechos sobre los que deberían ser interrogados los miembros de Batasuna, en relación con la comisión negociadora y con las palabras de Permach, mientras que el abogado de la AVT tenía previsto hacer esta petición el próximo lunes. Por su parte, desde la Fiscalía se señaló que los nuevos hechos no deberían mezclarse con el de la presentación de la Mesa Nacional.
Además de la ampliación de las imputaciones, Dignidad y Justicia pidió hoy al juez Grande-Marlaska que oficie a la Unidad Central de Inteligencia (UCI) para que emitan informes acerca de los antecedentes penales y policiales del total de miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, y que interrogue a todos ellos (son 38), y no solamente a los ocho inicialmente citados.