MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
Batasuna presentó hoy en el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, al considerar un fraude de Ley el auto que dictó el pasado 10 de enero, en el que reclamó informes policiales para decidir si procedía decretar de nuevo la suspensión de actividades del partido ilegalizado.
La querella, de once folios, señala que el juez se ha dejado llevar "por una campaña iniciada por un partido político y por determinadas asociaciones, de la que se hacen eco y amplían algunos medios de comunicación".
Batasuna señala que su suspensión de actividades, al no haber sido prorrogada cuando correspondía, en agosto de 2005, ha caducado y perdido efectividad, por lo que no cabe ahora, "a la vista de una presión política inaceptable", decretarla de nuevo, "en un claro fraude de ley y abuso de derecho".
Por ello, el partido ilegalizado cree que el juez Grande-Marlaska ha dictado una resolución injusta (prevaricación), y considera que lo ha hecho de forma maliciosa, lo que acarrearía una condena de inhabilitación de entre diez y veinte años. Sin embargo, alternativamente le acusa de prevaricación por negligencia o ignorancia graves, es decir, sin ser consciente de la ilegalidad cometida, penada con entre dos y seis años de inhabilitación.
El partido destaca que el juez no actuó en su auto del 10 de enero a petición de ninguna de las partes del proceso, y que resolvió "según su capricho e interés", ya que la suspensión de actividades, "por sus propias características, finalidad y duración, debe ser irrepetible". Insiste en que el juez ha actuado siguiendo las "tesis dudosamente democráticas de un partido político".
Batasuna agrega que si ya no existiese, debido a su ilegalización por el Supremo, "sería absurdo pretender" la suspensión de sus actividades, y si existiese, esa medida cautelar sería un fraude de Ley.
La admisión o no a trámite de la querella de Batasuna será estudiada por un tribunal formado por los magistrados de la Sala Penal del Supremo Juan Saavedra, Enrique Bacigalupo y Juan Ramón Berdugo, este último como ponente.