MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) subrayó hoy que la situación de Batasuna ante la ley "no ha variado" tras la resolución del juez Fernando Grande-Marlaska, ya que se trata de una organización ilegal y "cualquier sucedáneo" o "reminiscencia a través de una estructura orgánica que emule o pretenda dar nueva vida a un partido declarado ilegal no podrá realizar ningún tipo de actividad política ni de ninguna otra naturaleza", entre ellas concurrir a las próximas municipales.
Fuentes de la APM indicaron a Europa Press que la resolución de Grande-Marlaska "confirma la aplicación de la ley" y supone que "cualquier actuación que Batasuna pretenda activar en orden a las próximas elecciones municipales de forma directa o indirecta, a través de un partido interpuesto, de un sucedáneo, de una pantalla, provocará, si el asunto acaba desembocando en los tribunales, la correspondiente reacción de los jueces".
Según la APM, la decisión del juez de la Audiencia Nacional de prorrogar dos años más la suspensión de las actividades de Batasuna no supone "ningún tipo de novedad" con respecto a lo que hasta ahora se conocía: que esa organización está ilegalizada y por tanto no puede hacer "absolutamente nada".
Por otra parte, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de la APM, Antonio García, interpretó que la decisión de Grande-Marlaska supone que Batasuna no podrá realizar ningún "tipo de actividad, de acto o de acción cuando menos durante el periodo que el juez está indicando en su propia resolución". "Es una obviedad, una verdad de perogrullo", añadió.
Ahora, lo que esperan los jueces, indicó García, es que la resolución judicial "debe ser no sólo respetada, sino acatada y cumplida y lo que ha dicho el juez Fernando Grande-Marlaska resulta bien claro en el contenido de la propia resolución, o sea, la suspensión de Batasuna en todo tipo de actividades".
No obstante, señaló que si hubiera "algún tipo de duda en cuanto al alcance del contenido de la resolución" tendría que ser el propio Grande-Marlaska el que la aclarara. Pero "resulta evidente qué es lo que no puede hacer un partido político disuelto": "absolutamente nada", algo que "ya aclaró el Tribunal Constitucional cuando dijo que la ilegalización de un partido político significaba su muerte civil", aclaró el portavoz de la APM.
"Cualquier tipo de acto que cualquier persona realice en representación de un partido político ilegalizado (...) es un acto jurídico ilegal", insistió. Es decir, un acto "que no se puede hacer por ese partido ni por personas que se arrogan o actúan en su representación", matizó.
En este sentido, García manifestó que la situación de Batasuna ante la ley "no era de una manera antes de la resolución del juez Grande-Marlaska y de una manera distinta después de ella" ya que la Ley de Partidos establece "bien a las claras qué es lo que supone la ilegalización".
"A partir de este momento lo que hay que hacer (...) desde el punto de vista del pragmatismo, a veces un tanto volátil, es no sólo respetar, sino cumplir y acatar por todos el contenido de esa resolución", concluyó. y