Batasuna.- Las asociaciones de jueces creen que ahora "nadie puede dudar de la legitimidad" de la Ley de Partidos

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las principales asociaciones de jueces se felicitaron hoy por el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala la ilegalización de Batasuna por parte de la Justicia española, y destacaron que ahora "nadie puede dudar de la legitimidad de la Ley de Partidos".

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, señaló a Europa Press que con esta decisión "nadie puede albergar ningún tipo de duda sobre la legitimidad" de la ilegalización de Batasuna, que consideró "plenamente ajustada a derecho y plenamente democrática".

"Ahora nadie puede dudar que España es una democracia homologable a las democracias más desarrolladas de su entorno", señaló García antes de expresar su deseo de que la decisión del Tribunal de Estrasburgo ponga fin a los argumentos de "quienes han puesto en tela de juicio a la justicia española y han creado en torno a ella un halo de sospecha".

"MUY BUENA NOTICIA"

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Jimeno, expresó a Europa Press su "alegría" por la decisión del tribunal europeo, que consideró "una muy buena noticia", y se mostró convencido de que de esta forma se "avala que las tesis" adoptadas por el Tribunal Supremo y por el Constitucional "son las aceptables según el convenio europeo".

Según Jimeno, el fallo del Tribunal de Estrasburgo demuestra también que "dentro del Estado español se puede hacer política fuera de la Constitución".

En la misma línea se manifestó el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria (FdV), Marcelino Sexmero. "Después de 30 años de democracia, los tribunales españoles respetan los derechos humanos, individuales y colectivos, por si había alguna duda de eso el tribunal de Estrasburgo la ha despejado", afirmó.

Tras indicar que esta decisión era "previsible y esperada", Sexmero indicó que los tribunales españoles ya habían actuado "conforme a los criterios legales y constitucionales". "No era de esperar que Estrasburgo dijese otra cosa porque se habían respetado todos los derechos", insistió.