Actualizado: viernes, 27 enero 2012 13:28
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BILBAO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La portavoz de Batasuna, Maribi Ugarteburu, ha afirmado que le parece "lógico" que la Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego de ETA pida a los miembros de ETA, dentro de su labor, que no lleven armas y se ha mostrado convencida de que la banda abordará una reflexión sobre esta cuestión. Además, espera que los verificadores puedan entablar "una relación normalizada con el Gobierno".

   En una rueda de prensa celebrada en San Sebastián en la que ha hecho una valoración de la "concatenación de hechos de calado político" que se han dado esta semana, con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional francesa de una propuesta de Ley para trasladar a los presos de ETA a las cárceles más cercanas a su lugar de origen, que se haya fijado fecha para el juicio por D3M, o el informe de la CIV que asegura que ETA "no tiene intención alguna de cometer u organizar actos de violencia".

    La portavoz de Batasuna ha apuntado que ello demuestra que la banda "sigue dando una serie de pasos" y ha "renovado sus compromisos y dado por finalizada su actividad armada", un hecho "irreversible" que se ha podido "verificar".

   A su juicio, supone un "paso decisivo" y ahora "está claro que les toca a los Gobiernos español y francés abrir un diálogo resolutivo" para abordar las "cuestiones técnicas derivadas del conflicto armado". "Les toca sentarse ha hablar ya, con ETA, o con los facilitadores que deban llevar el carril de ese diálogo técnico", ha añadido.

ARMAS

   Preguntada por el hecho de que los verificadores, dentro de su labor, pidan que los miembros de ETA no lleven armas, ha opinado que es algo "lógico" y se ha mostrado convencida de que la banda abordará "una reflexión" sobre esta cuestión y las "situaciones de riesgo que puedan generar derivadas de que esas personas vayan armadas".

   Según Ugarteburu, desde septiembre, la Comisión de Verificación ha logrado contactar "cada vez con más agentes", que su trabajo no ha terminado, aunque lo consideran "positivo" y "serio", y espera que pueda entablar "una relación normalizada con representantes del Gobierno español".

   Además, ha llamado "a la seriedad" y a "no frivolizar" sobre esta cuestión porque existe una oportunidad "histórica de resolución definitiva de un conflicto político que, hasta ahora, se ha dado en clave armada".

"DEBILIDAD POLITICA"

   Respecto al Ejecutivo central, la izquierda abertzale ha censurado, una vez más, su "inmovilismo, la utilización de viejas recetas como la represión" y la "vulneración de derechos como principal argumento político".

   Además, Ugarteburu ha calificado de "totalmente irresponsable" que, desde el PP y especialmente desde el Ministerio de Interior, se recurra a "la intoxicación con el objetivo de restar credibilidad a algo tangible, que la lucha armada de ETA ha terminado".

   También ha censurado se haya fijado fecha para la celebración del juicio contra las personas acusadas de impulsar la plataforma electoral D3M, algo "extremadamente grave", ya que se les va a juzgar por "realizar una oferta electoral a la sociedad vasca".

   Ugarteburu ha destacado que el PP "tiene gran temor a un escenario de soluciones, al dialogo político y a libre confrontación de ideas y proyectos", lo que demuestra su "debilidad política".

   "El PP está solo y aislado en su apuesta por mantenerse en parámetros de confrontación, en su trinchera del inmovilismo y la cerrazón", ha aseverado, para añadir que los populares transitan "por el carril contrario al de las soluciones" en el que está la mayoría social y política vasca y la comunidad internacional.

LLAMAMIENTO AL PP

   Por ello ha realizado un llamamiento al PP y al Gobierno central "a la responsabilidad, a que actúe con altura de miras para aprovechar la oportunidad histórica para una resolución definitiva en clave democrática del conflicto político".

   Como primer paso para ello, ha apuntado al fin de las políticas y medidas "de excepción", acabando con la actual política penitenciaria, con la legalización de organizaciones políticas ahora ilegalizadas y terminando con "la criminalización y persecución policial y judicial de militantes políticos, así como con el fin de los juicios políticos".

   También se ha referido al referéndum que Escocia prevé celebrar en 2014 sobre su independencia, destacando que el caso escocés es "paradigma de que un conflicto político y se puede resolver desde el mero respeto a derechos reconocidos a nivel internacional".

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