MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Foro de Ermua remitió hoy un escrito al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que le solicita que se cite como imputados a todos los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna que continúan en libertad después de la operación que se saldó con el ingreso en prisión de 17 representantes del partido ilegalizado.
Como parte personada en el procedimiento que se sigue contra los detenidos, el Foro de Ermua reclama la imputación de los 19 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna que continúan en libertad. La asociación basa su petición en el documento publicado este fin de semana en el diario 'Gara' en el que Batasuna defendía "en un tono claramente amenazante" que respondería a las detenciones.
A su juicio, la elaboración de este documento es una actuación "de una organización terrorista que tiene prohibida toda actuación", lo que, según defiende, supone la comisión de delitos "de pertenencia a banda terrorista, de desobediencia a la orden de cese de actividades y de quiebra de la medida cautelar de suspensión de actividades". "Los responsables son los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, como representantes de la organización terrorista y como autores materiales de la actuación delictiva", subraya.
Para el Foro de Ermua, es "inverosímil" que se permita que una organización ilegal "tenga representantes públicamente conocidos que actúan de manera sistemática en nombre de una organización delictiva". En su opinión, desde su situación de libertad "coaccionan, amenazan y complementan la actuación de ETA" y defiende que la justicia no puede administrarse "con criterios políticos".
BURLA A LAS INSTITUCIONES.
Por todo ello, el Foro de Ermua registró hoy su escrito en el que solicita la imputación de todos los miembros de la Mesa Nacional que continúan en libertad "con objeto de que pueda decretarse la entrada en prisión de todos ellos". A su juicio, de esta forma se impediría "la burla sistemática a las resoluciones que prohíben la actuación de Batasuna y que una organización terrorista esté actuando impunemente todos los días".
Entre los miembros del partido ilegal que permanecen libres se encuentra el portavoz Pernando Barrena y los responsables de sector Jon Gorrotxategi, Asier Imaz, Karmele Aierbe y Marije Fullaondo. Tampoco han sido arrestados el responsable de Guipúzcoa, Aitor Aranzabal y los de las regiones vasco-francesas de Labort, Sola y Baja Navarra, Xabier Larralde, Aintzina Mazusta y Aurore Martín.
Permanecen en libertad, además, 11 vocales de la Mesa Nacional: Lourdes Uribarri, Iñaki Olalde, Aiora Epelde, Mikel Etxaburu, Karmelo Landa, Jone Goirizelaia, Olatz Dañobeitia, Ainara Armendariz, Mikel Torre, Maite Goienetxe y Eusebio Lasa.
MIEMBROS ENCARCELADOS
El primero en ingresar en prisión fue el portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi, que se encuentra encarcelado desde el 8 de junio, después que el Tribunal Supremo confirmara una condena a 15 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo a consecuencia de su participación en el homenaje a la etarra Olaia Castresana.
Otro de los portavoces, Joseba Permarch, ingresó en la prisión madrileña de Soto del Real acusado de reiteración del delito de pertenencia a organización terrorista, por el que ya se encuentra procesado en el sumario sobre Batasuna abierto también por Garzón.
El resto de los encarcelados de la Mesa son Joseba Álvarez --en prisión por participar en una manifestación ilegal pro-amnistía-- el responsable de Comunicación Juan José Petrikorena, Rufino Etxeberría, Imanol Iparragirre, Joana Regueiro, Aner Petralanda, Asier Arraiz, Ane Lizarralde, Juan Cruz Aldasoro, Maite Díaz de Heredia, Mikel Zubimendi y Anjel Mari Elkano.
Por su parte otros tres miembros de la directiva de Batasuna Jon Garai Haizpea Abrisketa, Jean Claude Aguerre y Patxi Urrutia, quedaron en libertad después de que el juez les impusiera el pago de una fianza.
Según explicaron fuentes jurídicas, fueron cuatro los factores sopesados para decidir su encarcelamiento: su pertenencia a la Mesa Nacional, la existencia de causas pendientes en su contra, la asistencia a las reuniones de Segura y Salvatierra (Guipúzcoa) y la documentación localizada en los registros domiciliarios.
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