Batasuna.- López Aguilar dice que el derecho de reunión no es "ilimitado" y que se puede intervenir judicialmente

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó hoy que el derecho de reunión consagrado en la Constitución "no es ilimitado", en referencia a la Asamblea de Batasuna prevista para este jueves, y añadió que la Ley señala que se puede intervenir judicialmente una reunión si existe una investigación penal. Así, afirmó que ante el procedimiento abierto contra la formación ilegalizada en la Audiencia Nacional, quien tiene legitimación para pedir que se prohíba el acto es el fiscal.

López Aguilar recordó que es el poder judicial y no el Gobierno quien puede adoptar una "medida cautelar restrictiva de los derechos individuales", uno de los cuales es el derecho de reunión. A pesar de que indicó que para ser ejercido este derecho no se requiere autorización previa, añadió que sí que puede ser intervenido judicialmente.

"La resolución la tiene que adoptar un tribunal, no un Gobierno, a quien no le corresponde prohibir reuniones que no requieren de autorización previa. Así es el Derecho constitucional. Otra cosa es el Derecho de manifestación. En uno y otro caso sólo pueden ser intervenidos judicialmente cuando existe riesgo de comisión de delitos", dijo.

A su juicio, lo que decida el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, tras evaluar si existe riesgo de comisión de delitos en la celebración de esa reunión, "deberá ser acatado, cumplido y observado con respeto por todos los poderes públicos. En este sentido, López Aguilar señaló que una resolución judicial "cuyo sentido sea el de prohibir la celebración de esa reunión sólo puede ejecutarla la consejería de Interior del Gobierno vasco".

El ministro criticó que se esté intentado "generar ansiedad, confusión y crispación en la ciudadanía" sobre este asunto, cuando "no hay ningún motivo". "Tenemos un ordenamiento que funciona y un poder judicial que está haciendo su trabajo y ante él tiene acción el Ministerio Fiscal, no los particulares ni la acción popular que toca a las puertas del Supremo, ni el Gobierno por sí", afirmó.

López Aguilar aseguró que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, está estudiando el asunto "con el mayor rigor". En cualquier caso, recordó que la ilegalización de Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos supuso su "muerte civil".

"Dejó de existir en su sentencia de ilegalización, a partir de ahí lo que corresponde es saber qué derechos fundamentales de personas individuales han sido o no intervenidos como consecuencia de esa resolución judicial y si el derecho de reunión, que tiene su régimen jurídico, puede ser intervenido judicialmente en función de una resolución de un tribunal penal", concluyó.