Belarra remite dentro del Gobierno su propuesta de abono transporte de 10€ y subir las pensiones no contributivas

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, comparece en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, en el Congreso de los Diputados, a 1 de junio de 2022, en Madrid (España).
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, comparece en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, en el Congreso de los Diputados, a 1 de junio de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
Publicado: lunes, 6 junio 2022 10:16

Concreta que esa rebaja del transporte se puede financiar con la creación de un fondo extraordinario dotado con 560 millones

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, ha remitido hoy dentro del Ejecutivo su propuesta de mejora del decreto anticrisis, que incluye el despliegue de un abono transporte mensual de 10 euros financiado a través de un fondo extraordinario dotado con 560 millones.

Además, el documento aboga por extender la cobertura del bono social eléctrico, la prohibición estructural de cortes de suministros energéticos y elevar de inmediato las pensiones no contributivas un 15%, para que esta revalorización de dichas prestaciones llegue a sus beneficiarios el próximo mes de julio.

Según han explicado fuentes de Derechos Sociales, los detalles de esta propuesta ya se han enviado al resto de ministerios competentes y al de Presidencia, que incluye el detalle normativo de las nuevas medidas que demanda para elevar la protección a las familias, ante el alza de precios.

PRORROGAR HASTA FINAL DE AÑO EL DECRETO ANTICRISIS

Por otro lado, el Ministerio que lidera Belarra insiste en que la prórroga del decreto anticrisis, cuya vigencia actual llega hasta el mes de junio, y el despliegue de las nuevas actuaciones se extienda hasta final de año. De esta forma, insta a incrementar el periodo de aplicación del decreto anticrisis más allá de los tres meses adicionales anunciados la semana pasada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En materia de Transportes, Derechos Sociales aspira a una reducción de todas las modalidades de abono de transporte público urbano e interurbano hasta los 10 euros, emulando de este modo el planteamiento de Alemania.

La bajada se sufragaría a través de la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por importe de 560 millones, que financiaría esa partida extraordinaria.

ELEVAR UN 15% LAS PENSIONES MÁS BAJAS

A su vez, la propuesta de Belarra enfatiza en la necesidad de aumentar con carácter inmediato las pensiones no contributivas y que esa mejora se incorpore a la nómina de julio. La idea es garantizar que las prestaciones más bajas puedan hacer frente al alto índice de inflación y que no vean mermada su capacidad adquisitiva hasta final de año.

Concretamente, propone subir en un 15 por ciento respecto de 2021 la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva.

La semana pasada el Gobierno se comprometió con Bildu a incrementar un 15% las pensiones no contributivas, de viudedad, orfandad o invalidez, y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social, a cambio de su abstención en esta norma.

En cuanto al bono social eléctrico, el socio minoritario de la coalición plantea extenderlo para que llegue a dos millones de familias, agilizar el trámite de acceso e impedir la suspensión del suministro de luz, gas y agua de viviendas habituales cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida o el agravamiento de la situación de vulnerabilidad social o económica.

Para ello, propone la puesta en marcha de un protocolo "obligado" de comunicación por el que la empresa suministradora deba informar de su intención de cortar el suministro previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que hará una comprobación de renta y pedirá un informe a los servicios sociales.

En el caso en el que se certifique la vulnerabilidad, no podrá procederse al corte del suministro de electricidad, agua y gas.

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Respecto a las medidas que ya contiene el real decreto de respuesta económica a la crisis provocada por la guerra de Ucrania, que se aprobó a finales de marzo, incide en continuar con el descuento en los carburantes, el aumento de un 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital o el límite de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda al 2%.

De momento, los integrantes de la coalición ya han desplegado contactos para fijar los términos de la prórroga del decreto anticrisis, en el que se han deslizado planteamientos para desplegar cierta progresividad en algunas medidas.

Por ejemplo, el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, abrió la puerta a que el Gobierno introduzca una mayor progresividad en la bonificación del combustible para que esta medida sea más eficaz y llegue a quienes "verdaderamente" lo necesitan. De esta forma, aludió a que se estaba debatiendo como precisar dicha medida.