SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -
El BNG acusó al alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, de haber autorizado el pago de 47 facturas, con un importe global de más de 1,1 millones de euros, de "manera irregular" al haber "obviado" un informe "desfavorable y demoledor" del interventor municipal.
En un comunicado, los nacionalistas destacaron que este informe advierte de que "muchas de las facturas" estaban prescritas, "alguna de ellas fechadas en 1993" y, en la mayoría de los casos, se constataba un "incumplimiento sistemático" de la normativa de contratación de las Administraciones Públicas.
Las 47 facturas se abonaron el pasado 22 de diciembre y, la mayor parte de ellas, 27 por un valor de más de 687.000 euros, las cobró 'Construcciones López Cao'. Según el BNG, el informe del interventor municipal destaca que la mayor parte de las facturas aprobadas a esta constructora "supera con creces" el plazo de prescripción aplicable a la reclamación de deudas. "No procede la aprobación de las mismas ni, por ende, su pago, hasta que no quede acreditada de forma fehaciente la intimación al cobro de tales gastos dentro del periodo de prescripción de la deuda", aclara el informe.
El alcalde de Sada también aprobó el pago de facturas a Aquagest, tres por un valor de más de 219.000 euros; 'Espina e Delfín', nueve por un valor de 88.300; 'Excavaciones Santiños', cinco por un valor de 86.400 o Fenosa, una por un valor de más de 12.700, además de 'Excavaciones López Rei' o Coslaco.
Según los nacionalistas, el informe de intervención, aprecia una "ausencia total y absoluta" del procedimiento de los requisitos exigidos por la legislación actual en materia de gasto, así como la vulneración "sistemática" de la normativa.
Asimismo, apunta que este "incumplimiento reiterado" puede derivar en las responsabilidades señaladas en la legislación vigente para quien "realizó gastos sin consignación presupuestaria" o "sin haber cumplido" los trámites que impone la legislación de contratación administrativa "vigente entonces".
Sobre las facturas relativas a la Casa de Cultura, cuatro por importe de 423.800, los nacionalistas destacan que el informe del Interventor aclara que "no consta" la existencia de "ningún expediente administrativo de contratación, ni reflejo contable o presupuestario".
El BNG subrayó que resulta "improcedente legalmente" autorizar el pago de unas facturas prescritas que proceden de la ejecución de obras que "incumplen sistemáticamente, y de manera grave, los procedimientos legales de contratación" de las Administraciones Públicas.
Asimismo, consideró "inaudito" que en el propio decreto de la alcaldía por el cual se aprueba el pago de las 47 facturas, Rodríguez Ares reconozca "expresamente" las reclamaciones de las empresas para el pago de las facturas, "aún cuando no se produzca justificación formal de eso". Por ello, destacó que esta actuación "puede ser constitutiva de responsabilidad en los ámbitos administrativo y penal".
