MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -
El que fuera jefe superior de Policía de Madrid en enero de 2005, Miguel Ángel Fernández Rancaño, contradijo hoy la versión dada previamente por el delegado del Gobierno en Madrid y el director general de la Policía sobre la actuación de los policías que investigaron los incidentes ocurridos durante la asistencia del ex ministro de Defensa, José Bono, a la manifestación convocada por la AVT el día 22 de ese mes. Según Rancaño, él fue informado de que los dos militantes del PP que declararon por estos hechos comparecrieron voluntariamente, aunque más tarde "se procedió a la lectura de sus derechos y, por lo tanto, a su detención".
Antes de la declaración de Rancaño como testigo en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se celebró hoy la segunda sesión del juicio por estos hechos, comparecieron ante el tribunal tanto el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, como el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez.
Ambos manifestaron que nunca se detuvo "técnicamente" a los militantes -Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz-, y que si asistieron con abogado y se les leyeron sus derechos fue para dotar a esta diligencia de una mayor protección jurídica y garantizar sus derechos.
En esta causa se enjuicia a tres policías que intervinieron en las diligencias abiertas a raíz de los empujones sufridos por Bono durante la manifestación, quienes se enfrentan a penas de prisión que pide para ellos la acusación ejercida por el PP, que defiende que las actuaciones fueron gravemente irregulares. La Fiscalía no ejerce imputación alguna.
Los acusados son el comisario Rodolfo Ruiz -se piden para él 10 años de cárcel y 11 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal, falsedad en documento público y coacciones- el inspector jefe que coordinó las diligencias, para quien se piden 8 años de prisión por los dos primeros delitos y un tercer agente que actuó como secretario en la toma de declaración de los militantes, a quien se imputa falsedad.
INSTRUCTOR "APÁTICO".
Durante su declaración, Fernández Rancaño se refirió al relevo de uno de los agentes intervinientes en las diligencias. Dijo que se le explicó que el citado policía estaba "apático y se negaba a colaborar", y que éste le confirmó más tarde que "había tenido un encontronazo" con el inspector jefe que coordinaba las actuaciones, si bien no recuerda que se entrara a relacionar el incidente con el asunto de las declaraciones de militantes del PP.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid fue preguntado insistentemente por unas manifestaciones que realizó ante la prensa el día 24 de enero de 2005 -un día antes de la identificación de Barrios y De la Cruz-, cuando afirmó que "habría detenciones" por los hechos sufridos por el ministro de Defensa.
Méndez explicó que hizo estas manifestaciones a modo de "evaluación personal", ya que en ese momento no había sido informado de ninguna identificación por parte de los responsables de la investigación.
Añadió que "es ordinario que cuando se producen incidentes en una manifestación se realicen diligencias" y que, en este caso concreto, había unos hechos públicos y notorios y material gráfico suficiente para hablar de indicios de delitos como perturbación del derecho de reunión, desórdenes públicos y coacciones sobre autoridades.
"ME CONSIDERÉ DETENIDO POR SER DEL PP".
Durante la sesión de hoy también comparecieron Barrios y de la Cruz, quienes coincidieron ante el tribunal en que siempre se consideraron "detenidos" por la policía porque se sintieron "obligados" a acudir a las dependencias policiales. "Siempre he considerado que me detuvieron por ser del PP", manifestó Barrios al tribunal.
Ni Barrios ni de la Cruz reconocieron a uno de los acusados -el agente que supuestamente tomó nota de su declaración y que está acusado de falsedad documental-, como el agente que efectivamente actuó de secretario en sus declaraciones. Dijeron que la primera vez que le habían visto fue en los Juzgados de Plaza de Castilla, durante la instrucción de la causa.
Los dos militantes realizaron una declaración muy coincidente, hasta el punto que utilizaron la misma expresión para explicar cómo firmaron, sin presencia de abogado, el primer documento que les puso delante la policía, que se encabezaba como "Lectura de Derechos al Detenido". Los dos dijeron que se encontraban tan nerviosos que hubieran firmado su "pena de muerte".
Barrios relató que la policía le llamó a su casa y acordó que sería recogido en un par de horas coche sin distintivo policial, que llamó a De la Cruz y que ésta le dijo que le acompañaría a la comisaría, ya que su nombre también había sido citado por una radio como implicada en el incidente. Al llegar a las dependencias, Barrios afirma que el inspector le comentó que parecía que estaba "deteniendo" a un familiar suyo, mientras que De la Cruz dijo que la expresión utilizada por el agente fue "tratando" a un familiar.
Aunque reconocieron que no se les intervino el teléfono móvil, se les esposó, ni se les tomaron huellas o fotografías, los dos militantes insistieron en que siempre se sintieron detenidos, y nunca se utilizó con ellos el término "imputados" ni se les explicó que lectura de sus derechos obedeciera aun simple formalismo. "Me dijeron que iban a buscarme y supuse que estaba detenido, porque cuando la policía va a buscar a uno... Si me hubiera negado no sé lo que hubiera pasado", explicó Barrios al tribunal.
También explicaron las consecuencias negativas que todos estos hechos han tenido en sus vidas, hasta el punto que Barrios llegó a emocionarse al relatar que su mujer sufre depresión por ello. De la Cruz dijo que cuando va en tren tiene que sentarse "con los extranjeros" por miedo a ser reconocida, y que muchos de sus vecinos le han retirado el saludo.
Mañana está previsto que continúe la vista con la comparecencia de seis policías que intervinieron en las diligencias, entre ellos el agente que fue relevado del atestado porque, presuntamente, mostró discrepancias con sus superiores.