Bosch (ERC) se retracta en el Congreso de una acusación de corrupción a un alcalde del PP

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Alfred Bosch, ha rectificado este martes en el Pleno de la Cámara la acusación que vertió en el mismo foro hace casi un año contra el alcalde de Alcobendas (Madrid), el 'popular' Ignacio García de Vinuesa, al que incluyó por error en una lista de nombres de imputados o encarcelados por delitos de corrupción pertenecientes a distintos partidos.

"El 7 de noviembre de 2014 incluí indebidamente a Ignacio García de Vinuesa en una relación de imputados y/o condenados y/o encarcelados por corrupción pues no hay ningún dato objetivo que sostenga tal extremo", se ha limitado a decir Bosch desde su escaño.

Antes de que arrancara el debate del segundo punto del orden del día de la sesión de este martes, el presidente del Congreso, Jesús Posada, ha dado la palabra a Bosch para que pudiera dar cumplimiento a la sentencia que le obligaba a rectificar las palabras que había pronunciado en el hemiciclo hace casi un año.

Bosch, que hace meses que no acude a la Cámara porque desde el pasado mes de mayo está centrado en su papel de portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, ha intentado dar lectura a su escrito sentado en sus escaño, pero Posada le ha conminado a levantarse y él ha obedecido. "Gracias por sus palabras, constarán en el Diario de Sesiones", le ha respondido después Posada.

La Mesa del Congreso determinó el pasado día 5 de octubre que Bosch debía dar cumplimiento a la citada sentencia antes de que concluyera la legislatura para poder hacerlo en el mismo sitio en el que vertió su errónea acusación. Y lo hizo en virtud del informe jurídico que solicitó Posada en septiembre cuando el propio Bosch se dirigió a él para preguntarle cómo debía dar cumplimiento al citado fallo judicial.

Los hechos se remontan a noviembre del año pasado cuando, desde la tribuna de oradores del Congreso y en un debate en el que también participó el presidente Mariano Rajoy, Bosch citó a primer edil alcobendense junto con otros nombres de dirigentes políticos que habían sido imputados, condenados o encarcelados por delitos de corrupción.

García de Vinuesa interpuso una demanda contra Bosch alegando que él no encajaba en ninguno de esos supuestos ya que, en su caso, sólo tuvo que declarar en un juzgado a instancias de una denuncia del PSOE que acabó archivada en 2011. Ahora un juzgado de Alcobendas le ha dado la razón y ha obligado a Bosch a rectificar sus acusaciones en el mismo lugar donde las hizo, es decir, el hemiciclo del Congreso.

UN AFORADO JUZGADO EN PRIMERA INSTANCIA

Pero este asunto llevó a otro debate en la Mesa del Congreso, algunos de cuyos miembros mostraron su sorpresa por el hecho de que un juzgado de primera instancia se pronunciara sobre una demanda interpuesta contra un diputado, pese a disfrutar de fuero parlamentario.

También en el informe redactado por los servicios jurídicos se menciona esta circunstancia, aunque fuentes parlamentarias informaron a Europa Press de que Posada no tenía intención de trasladar queja alguna al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

En principio, todos los casos en los que hay implicados aforados deben derivarse al Tribunal Supremo y es el alto tribunal el que ha de solicitar suplicatorio a la Cámara correspondiente si quiere investigar a un parlamentario.

EL PRECEDENTE DEL JUICIO DE TRÁFICO ANULADO

En 2012, el portavoz del PP en la Comisión de Defensa del Congreso, Vicente Ferrer, fue sometido con su aceptación a un juicio rápido después de dar positivo al volante en un control del alcoholemia, pero en este caso el mismo juez que le condenó al pago de una multa y a estar ocho meses sin carné de conducir anuló el procedimiento al percatarse de que era aforado y remitió el asunto al Tribunal Supremo.

Aquel juez juzgó a Ferrer porque éste en ningún momento comunicó su condición de aforado ni a la Policía ni al juzgado y, en el caso de Bosch su defensa tampoco ha hecho valer su estatus y, de hecho, en su escrito al Congreso daba por aceptada la sentencia.