MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió hoy que la Abogacía del Estado elaborara un informe a petición de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para querellarse contra una revista que la acusó de haberse empadronado de manera ilegal en la localidad valenciana de Beneixida. Según recordó, De la Vega no sólo era candidata del PSOE, sino también vicepresidenta del Gobierno.
Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Caamaño explicó que la actuación de la Abogacía del EStado "se ajusta escrupulosamente" a lo previsto en la ley respecto a la "asistencia jurídica al Estado".
El ministro aseguró que este informe fue "un supuesto más de las docenas de miles de informes que anualmente se emiten por la Abogacía del Estado", en los que se estudian "las consecuencias jurídicas del actuar administrativo o gubernamental, así como las derivadas de imputaciones de irregularidades a los miembros del Gobierno o de la Administración".
En resumidas cuentas, para Caamaño, que la Abogacía del Estado "asuma la representación y defensa de autoridades y empleados públicos" es algo que " se ajusta plenamente a la legalidad". "No hay nada reprochable en estas actuaciones de la Abogacía", remachó.
CRITICAS DEL PP
No es ésta la opinión de la portavoz adjunta de Justicia del PP, Dolors Montserrat, quien puntualizó que la información de la revista se refería a De la Vega en calidad de "candidata a las elecciones generales" por la provincia de Valencia, y no como autoridad pública.
En opinión de la diputada 'popular', la Abogacía del Estado "no está para servir intereses particulares de ningún candidato". Por ello, afeó al ministro que vea con buenos ojos que se autorice a la Abogacía del Estado a actuar "como patrimonio particular" de algunos. "Ustedes han ridiculizado a la Abogacía del Estado", remachó.
Caamaño replicó entonces a la portavoz del PP que no se puede "jugar con el doble lenguaje" porque "uno es candidato y también vicepresidente primero" del Gobierno. "Somos, cuando somos responsables públicos, lo que somos, y con nosotros van ambas cosas", insistió.
Además, el ministro puntualizó que el informe de la Abogacía del Estado ponía de manifiesto que los funcionarios públicos afectados por la información de la revista eran "las personas que trabajan en la oficina del censo", lo que dio lugar a la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía.
