MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, elevó hoy al Consejo de Ministros el informe elaborado por la comisión de expertos encargada de estudiar la elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, en el que se propone que, en el nuevo texto legal, se supere el partido judicial como base del modelo y se atribuya la investigación penal al Ministerio Fiscal.
La comisión de expertos fue nombrada el pasado mes de septiembre con el objetivo de realizar un estudio previo que sirva de base para la elaboración de una nueva ley adaptada a la realidad demográfica y a la configuración actual del sistema de justicia que sustituya a la actual, que data de 1998 y basada en un modelo del siglo XIX.
El Gobierno considera que el sistema vigente "ha agotado todas sus virtualidades" y afirma que el problema "no se circunscribe, por tanto, sólo a la dotación de medios, sino también a la inadecuación de la organización judicial a los nuevos tiempos, realidades y necesidades sociales".
En su informe, la comisión de expertos propone superar el partido judicial como base del modelo, ya que considera que este sistema responde a un contexto histórico caracterizado por grandes deficiencias en las infraestructuras públicas y por las consiguientes dificultades de comunicación y desplazamiento.
En la actualidad, afirma, hay que "conciliar la garantía de fácil acceso de todos los ciudadanos a los órganos judiciales" y la necesidad de "evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad, economía y aprovechamiento de los recursos públicos por los que se rige toda organización eficaz".
ESTRUCTIRAS TERRITORIALES MÁS HOMOGÉNEAS
Por ello, opinan que deben estudiarse nuevas fórmulas encaminadas a "superar la desfasada división en partidos judiciales propia de otras épocas, y diseñar estructuras territoriales más homogéneas y acordes con la España actual".
Además, sugieren crear tribunales de instancia, como órganos judiciales especializados situados en núcleos urbanos importantes, que respondan a la necesidad de establecer un sistema moderno de organización judicial, más ajustado a la realidad de los países de nuestro entorno, en los que este tipo de unidades judiciales especializadas y concentradas ha permitido alcanzar mayores cotas de eficacia. Estos tribunales permitirían implantar un nuevo modelo que atienda principalmente a la naturaleza del asunto a enjuiciar.
A partir de aquí, apuntan que la superación del actual 'partido judicial' y la concentración de la instancia están íntimamente ligadas a la necesidad de cambiar el sistema actual de investigación penal.
Así, y aprovechando la especial fisonomía del Ministerio Fiscal, Wcomo órgano dotado de una mayor movilidad territorial y capacidad de especialización dentro del orden penal", la comisión de expertos cree que "cabe establecer un nuevo modelo de investigación penal más ágil, flexible y adaptado a los distintos tipos de delincuencia", atribuyendo la investigación al Ministerio Público.
Además de estas propuestas, el informe sugiere trasladar las ventajas del sistema de organización colegiada a los tradicionales 'juzgados', que podrán estructurarse como un único tribunal con el número de jueces que sea preciso, con un presidente y con una oficina que preste servicio a todos ellos.
CREACIÓN DE TRIBUNALES DE BASE O PRIMER GRADO
También considera necesario crear un primer escalón en la organización del poder judicial encargado de conocer de aquellos asuntos que no revisten una especial complejidad y pueden recibir un tratamiento más ágil.
Estos tribunales de base o de primer grado se distribuirían de acuerdo con variables objetivas como la población, la carga de trabajo o la accesibilidad geográfica. Las plazas de estos órganos se cubrirían con los primeros escalones de la carrera judicial, favoreciendo el acopio de experiencia por parte de los jueces de nuevo ingreso como paso previo a su promoción profesional.
Presidida por el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, han formado parte de esta comisión Silvia Barona Vilar, José Luís Bueren Roncero, Landelino Lavilla Alsina, Fernando Ledesma Bartret, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito, Herminia Palencia Guerra y Juan Antonio Xiol Ríos.
El Ministerio de Justicia establece la reorganización de la demarcación y planta de la Justicia es una cuestión de Estado, por lo que es imprescindible abrir un proceso debate público y de diálogo constructivo para la formación del mayor consenso posible, que "sin duda requerirá máxima responsabilidad y generosidad por parte de todos".