VALENCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los diputados del PSPV-PSOE José Camarasa y Antoni Such han presentado un recurso de súplica contra la admisión a trámite por parte de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de la querella interpuesta por el ex presidente de la Generalitat y portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra los dos diputados del PSPV y dos empresarios por delitos de injurias y calumnias graves con publicidad por vincularle con el cobro de comisiones ilegales en la construcción de Terra Mítica.
Según aseguraron ambos diputados en rueda de prensa, presentaron este recurso la semana pasada no como una "defensa personal" sino para defender "un derecho que es inherente a la condición de diputado, que es trabajar para y por los ciudadanos y la defensa del interés general" con las prerrogativas que otorgan las leyes, como la de la inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.
El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Corts Antoni Such explicó que el recurso se presenta porque "nos parece muy importante la defensa absoluta del derecho de los diputados a ejercer la función que tienen encomendada por la Constitución y por el Estatut de Autonomía".
El recurso tiene su base fundamental en el argumento de que "los diputados gozan por sí, por el hecho de ser diputados" de la prerrogativa de ejercer libremente la función que les ha sido encomendada por los ciudadanos y en este sentido, remarcó que no es la "defensa" de los dos parlamentarios en concreto lo que les mueve a presentar el recurso, sino una actitud de "defensa de todos los diputados que en el ejercicio de su función se dedican a defender el interés de los ciudadanos y el público en general".
Such subrayó que la línea argumental del recurso está avalada "por multitud de sentencias y autos del Tribunal Supremo, que anteponen la obligación y el derecho de los diputados al libre ejercicio de su actividad parlamentaria ante cualquier demanda o querella que se plantee por delitos al honor en el ejercicio" de la función de diputados. En este sentido, aludió como el "más sonado" el caso de la querella de Zaplana a Rodríguez Ibarra.
El portavoz adjunto señaló que en el recurso no se entra en el "fondo" de la cuestión, en referencia a la veracidad o no de los hechos denunciados, sino que se plantea "un recurso para que todos los diputados de esta comunidad o de cualquier comunidad autónoma tengan garantizado el libre ejercicio de la función" de fiscalización y control al gobierno, así como la "libertad de expresar en todo momento dentro de los cauces reconocidos en la propia Constitución y en el propio Estatut, aquellas opiniones que vayan en aras al esclarecimiento de determinados hechos" y a la "defensa del interés de los ciudadanos". Such criticó que Zaplana ha planteado una "querella política".
INTENTO DE "AMORDAZAR"
Por su parte, el diputado José Camarasa denunció el "intento de Eduardo Zaplana de tratar de utilizar a la justicia para amordazar y silenciar a la oposición, cuando todo el mundo conoce que entre las funciones de la oposición está no prestarse a encubrir posibles presuntas actuaciones irregulares, o prácticas que pudieran ser delictivas, sino todo lo contario".
Zaplana, --criticó--, quiere "criminalizar" a los diputados que "nos limitamos a cumplir con nuestra obligación" al denunciar "unos presuntos hechos descritos con bastante minuciosidad por los empresarios" relativas a una empresa participada por la Generalitat y que fue "pensada, dirigida e impulsada" por Zaplana, que ha costado al Consell más de 600 millones entre ayudas directas e indirectas, según Such y que costó, añadió, "17.000 millones de pesetas más de lo que habría tenido que costar".
Camarasa señaló que los parlamentarios, al conocer los "presuntos delitos", los llevaron a la Fiscalía en cumplimiento del "ejercicio de nuestras funciones como parlamentarios", sin hacer valoraciones.
Ambos diputados entienden que es la inviolabilidad parlamentaria "la que da garantías a cualquier parlamentario para ejercer sus funciones sin necesidad de que haya autocensura" y defendió que las informaciones que les revelaron, "su nivel de detalle, su concreción y los documentos que nos fueron exhibidos nos merecieron en su conjunto la credibilidad suficiente para ponerlas en conocimiento del Ministerio Fiscal advirtiendo desde el primer momento que era a los tribunales a quienes correspondía averiguar la verdad acerca de lo relatado".
Camarasa se preguntó si hubiera sido "mejor y más conveniente" silenciar las alusiones a Zaplana, pero se mostró convencido de que "los votantes que nos han confiado su representación querrían que nos hubiesemos comportado como lo hicimos".
