Publicado 30/06/2020 17:34:31 +02:00CET

Campo no ve problema en la inviolabilidad o inmunidad de nadie, en referencia al Rey emérito

El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su intervención en una sesión plenaria en el Senado
El Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante su intervención en una sesión plenaria en el Senado - Jesús Hellín - Europa Press

Fernández Rubiño pide reformas constitucionales para acabar con los privilegios de las altas instituciones del Estado

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado este martes en el Pleno del Senado que España cuenta desde la Constitución de 1978 con el mejor marco jurídico de la historia, y ha indicado que el problema "no es la inviolabilidad o la inmunidad de nadie" --en referencia al Rey emérito-- sino que la Justicia sea efectiva para todos, por lo que ha apostado por robustecerla.

De esta manera, respondía al senador del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal Eduardo Fernández Rubiño, quien le preguntaba sobre si el Ejecutivo iba a impulsar una reforma constitucional para impedir que existan privilegios que supongan una inmunidad en casos de corrupción en las altas instituciones del Estado.

Campo ha aseverado que la Carta Magna cuenta con dos pilares básicos que son la presunción de inocencia y que todo el mundo es igual ante la ley, y le ha recordado que hay una separación de poderes que da al Poder Judicial la tarea "exclusiva y excluyente" de dirimir si se rompe y quebranta esa presunción de inocencia.

Pero Fernández Rubiño ha respondido al ministro que a los españoles les encantaría contar con la seguridad de que si alguien "presuntamente ha cometido delitos tan graves como fraude fiscal, blanqueo de capitales o cobro de comisiones ilegales utilizando su posición en las más altas instituciones del Estado, va a responder ante la ley como lo haría cualquier otro ciudadano que no tuviera determinados apellidos ilustres".

Esta pregunta parlamentaria llega días después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrpución para aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna Larsen, de casada Corinna zu Sayn-Wittgenstein, se habrían repartido entre otros con el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.

Rubiño ha lamentado que haya tenido que ser la justicia extranjera "la que ha puesto negro sobre blanco que algo huele a podrido en Zarzuela", y ha recordado que el Rey Felipe VI tuvo que renunciar a su herencia tras conocerse que Juan Carlos I "estaba siendo investigado por la fiscalía suiza por haber recibido una supuesta comisión de 100 millones de dólares de los cuales dio 60 millones a su amiga Corinna".

LAS CAMAS DE LAS UCI

Al hilo, ha tirado de matemáticas para apuntar que esos 100 millones de dólares habrían supuesto hasta 1.400 camas de UCI disponibles para los afectados por la covid-19 en España, y ha recriminado al actual jefe del Estado que no haya estado a la altura de lo que se esperaba de él.

Por todo esto, se ha dirigido de nuevo a Campo para preguntarle si se limitará el Gobierno a ser "el señor Lobo de un presunto corrupto" --en alusión a la película Reservoir Dogs en la que ese personaje resolvía problemas-- o si por el contrario no impedirán la investigación en el Parlamento.

"Hagamos las reformas para que no sea más fácil juzgar a un chaval que canta que 'los borbones son unos ladrones' que a quien, ostentando la máxima autoridad, ha podido cometer delitos que avergüenzan a España", ha concluido.

El ministro le ha echado en cara entonces que haya hecho "un magnífico alegato del juicio paralelo o del juicio anticipado" y le ha acusado de no respetar el papel de los tribunales de justicia. "Son ellos quienes deben determinar si hay hechos delictivos y buscar culpables", ha añadido.

Además, ha indicado que las democracias se hacen fuertes al entender que cada institución cumple el papel que se le da, y ha recalcado que se le hace un flaco favor al Estado de Derecho si no se deja trabajar a la Fiscalía y al Poder Judicial.

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