Camps se compromete a destinar los 450 millones de más que reclama en los PGE para la Comunitat a políticas sociales

VALENCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se comprometió hoy en el pleno de las Corts Valencianes a destinar a políticas de educación, sanidad, dependencia y vivienda los 450 millones de euros de más que reclama al Gobierno central para que se transfieran a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2008 a la Comunitat.

Camps se pronunció de esta manera en la sesión de control del pleno de la Cámara tras ser preguntado por el portavoz del PSPV, Joan Ignasi Pla, sobre la aplicación de la ley de Autonomía Personal y la Dependencia en la Comunitat, y después de aceptar reformar el Estatuto de Autonomía para incorporar una disposición adicional que permita que las inversiones del Estado lleguen a la Comunitat con "solidaridad" y de forma "equitativa" de acuerdo con el criterio de población.

El jefe del Consell propuso un "gran acuerdo" entre PP y PSPV para conseguir que en los PGE se incluya una partida extraordinaria de 450 millones de euros que reconozca el aumento demográfico registrado por la Comunitat en los últimos años, al tiempo que se comprometió a destinar ese dinero en los presupuestos de la Generalitat del próximo año a políticas para "atender a las personas".

En materia de dependencia, Camps se refirió a unas manifestaciones realizadas por la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, en las que afirmó, según citó el jefe del Consell, que las comunidades autónomas "están cumpliendo muy bien los plazos" para la aplicación de la ley, a lo que añadió que existen "velocidades diferentes" y las autonomías "más avanzadas" son Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana.

Pla indicó que hay ocho comunidades que han aprobado el decreto que regula la concesión de ayudas, pero la Comunitat no está entre ellas, al tiempo que acusó al Consell de "boicotear" el desarrollo de la norma y, con ello, dijo, "marginar" a 17.000 personas que no reciben "las ayudas que otras comunidades autónomas ya están poniendo en marcha".

Censuró al Gobierno valenciano por "obviar" a los ayuntamientos y a los servicios sociales de base y "montar un aparato de una empresa privada" para realizar las valoraciones, con sólo 35 evaluadores "para toda la Comunitat", cuando, según los socialistas, es necesario "como mínimo" el triple de esta cifra. Apuntó que en Cataluña se han realizado el 72 por ciento de las valoraciones y en Navarra, el 85 por ciento, pero en el territorio valenciano se desconoce cuál es el porcentaje real, aseveró.

40.000 PERSONAS ATENDIDAS

Camps adujo que cuando el PSPV gobernaba en la Comunitat, "atendían a 8.000 personas", mientras que con el PP la cifra se eleva a 40.000, a lo que añadió que los múltiplos en políticas sociales "son siempre de dos dígitos" en relación con los socialistas.

La diputada socialista Cristina Moreno, durante el turno de 'question time', acusó al jefe del Consell de "hacer dejación de funciones y no cumplir con sus competencias" y le preguntó si va a realizar "el mismo esfuerzo" que el Gobierno estatal en materia presupuestaria para la aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunitat, que asciende a 90 millones de euros en 2008, apuntó.

Al respecto, Camps emplazó al PSPV a "conseguir que el Gobierno socialista de España dé a la Comunitat aquello a lo que dijo que iba a comprometerse, un euro por un euro", al tiempo que remarcó que el Ejecutivo "está invirtiendo muchísimo más" que el estatal.

Asimismo, el parlamentario del PSPV Antonio Torres censuró las "trampas" del Consell en la valoración de las personas con algún grado de dependencia, según dijo, ya que el 80 por ciento de las valoraciones contabilizadas corresponden a personas que ya están internadas en un centro, a la vez que lamentó el "retraso" en la contratación de "refuerzos" para los ayuntamientos.

El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, indicó que hay "una serie de personas" que desde el "primer día trabajan en la ley de la Dependencia valorando a las personas", que han sido "seleccionadas por la universidad" y han seguido un curso de formación de 208 horas.