CANARIAS.-Las conclusiones de comisión de investigación del caso eólico reconocen la existencia de una trama

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Mar. (EP/IP) -

Las conclusiones de la comisión de investigación del caso eólico empiezan por reconocer la existencia de una trama, que comenzó a fraguarse, en 2004, con la elaboración de las bases del concurso para la asignación de potencia desde la dirección general regional de Industria, cuyo responsable era Celso Perdomo del PP, uno de los principales imputados señalados por el titular del juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas, Miguel Angel Parramón.

La Consejería regional de Industria de Luis Soria, la Autoridad Portuaria de José Manuel Arnáiz, el Cabildo de Gran Canaria de José Manuel Soria y el entramado empresarial circulante armarán la estructura de las conclusiones. La exigencia de responsabilidades políticas puede quedar condicionada a una sentencia firme del procedimiento ante jurado.

Los ponentes encargados de elaborar el borrador de conclusiones acordaron hoy viernes "denominar el objeto de la ponencia bajo la denominación de trama eólica", según la ponente de CC, Belén Allende. Una trama, agregó, que "da pie a que se pueda justificar" la vía judicial abierta por Parramón y a la realización, añadió la ponente del PSC, Gloria Gutiérrez, de una investigación interna de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.

Dos procesos que se pudieron poner en marcha por dos denuncias. Una la del ex director comercial de la empresa Siemenca, Alberto Santana, quien en marzo de 2005 habla de presuntas irregularidades, relacionadas con el tráfico de información privilegiada, en el concurso de los parques eólicos en la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos. Es la que ha dado lugar a las actuaciones de Parragón.

La segunda correspondió al ex gerente de la empresa pública Megaturbinas de Arinaga, Francisco Cabrera, quien en noviembre de 2004, y también ante la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos, denunció un presunto tráfico de influencias a cuenta del negocio eólico, cuyo protagonista era José Manuel Arnáiz.

Según argumentaba Cabrera, el ex presidente de la Autoridad Portuaria habría beneficiado a la empresa privada Promotora de Recursos Eólicos de José Ignacio Esquivel, en detrimento Megaturbinas participada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Puertos del Estado y Cabildo de Gran Canaria, en la concesión de suelo publico para presentarse al concurso. Esquivel es otro de los imputados por Parramón.

El ponente del PP, Jorge Rodríguez, declaró que concentrarán sus esfuerzos en definir "quiénes realmente han tenido protagonismos más importantes en lo que, parece ser el elemento fundamental de persecución de la comisión, la información privilegiada" del concurso eólico.

Belén Allende aseguró que, vistos los tres vértices institucionales más las relaciones empresariales resultantes, "nos da pie a que haya una relación de hechos, secuencias y sujetos activos que pueden determinar responsabilidades" políticas.

Gloria Gutiérrez avanzó la constatación de dificultades en la labor de la comisión de investigación en paralelo a una instrucción judicial. Un hecho que se constató en que la práctica totalidad de los compareciente, imputados por el magistrado del juzgado de instrucción número siete de Las Palmas, se acogieran a su derecho a no responder a los grupos parlamentarios.

Jorge Rodríguez también cree que se constatarán unas conclusiones que "orienten" hacia la "depuración" de responsabilidades. La ponente de CC cree que estas responsabilidades se pueden depurar "una vez que haya una sentencia firme" o "indicar" en el dictamen de conclusiones "condicionadas a lo que presumiblemente puede determinarse" en el ámbito judicial.