CANARIAS.-Consejera canaria de Turismo prioriza la elaboración de la ley para la legalización de las camas turísticas irregulares

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Nov. (EP/IP) -

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, dijo hoy jueves, en el Parlamento, que la elaboración del proyecto de ley para la regularización de las camas irregulares tiene la consideración de "prioridad uno" en este departamento gubernamental. El portavoz del PSC, Francisco Fajardo, criticó al Ejecutivo por "consentir el gran fraude" existente.

Rita Martín compareció ante el pleno de la Cámara a petición de la oposición socialista para informar sobre el cumplimiento de la disposición transitoria séptima y la disposición final primera de las Directrices de Ordenación Turísticas, relativas a las instalaciones hoteleras irregulares y la elaboración de un proyecto de ley para regular la oferta alojativa turística y el reforzamiento de las medidas de inspección.

La consejera informó que la disposición transitoria facultaba al Gobierno para exceptuar, de las suspensiones de otorgamiento de autorizaciones previas y de las licencias urbanísticas para hoteles, con un mínimo, de cuatro estrellas, en unas determinadas condiciones. Sin embargo, la Consejería dentro del periodo transitorio de un año no presentó ninguna iniciativa al Ejecutivo porque, siendo ésta una facultad potestativa, podía "no hacerlo".

La consejera afirmó que su departamento actuó de esta forma en el entendimiento de que es "evidente" de que si un establecimiento no se encuentra en funcionamiento de forma legal es porque incumple algún requisito de legalidad. En opinión de Martín, la mencionada disposición transitoria es "cuanto menos, discutible por sus propios términos".

Rita Martín abogó por trabajar de forma "discrecional y no arbitraria" para enfrentar el proceso de regularización de establecimientos de forma "reflexiva con el conocimiento y negociación de todas las partes implicadas" en la definición del concepto de "requisitos de legalidad" y cuáles son exigibles.

La consejera avanzó que las bases son la fijación de los requisitos mínimos a cumplir por los establecimientos, primando la calidad y la diversificación; la potenciación de otras medidas complementarias, con el fin de "no crearle problemas" al sector, y la compensación a los "legales" con inversiones en promoción.

En relación al mandato al Gobierno para presentar un proyecto de ley para la regularización de la oferta turística irregular, Martín precisó que retrata de la primera prioridad de la Consejería.

Recordó que las directrices exigen el refuerzo de las medidas de inspección y sanción y que su departamento incide en ese objetivo mediante la dotación de personal para la instrucción de expedientes sancionadores y más inspectores. También resaltó el trabajo desarrollado por el grupo normativo, integrado por todas las administraciones públicas y los empresarios, para despejar las dudas sobre la administración competente en el cierre de establecimientos.

Defendió el modelo de desarrollo sostenible para elevar la calidad del sector y el compromiso del Gobierno para potenciar los esfuerzos empresariales primando las actuaciones públicas y los incentivos fiscales.

PSC: "GRAN ENGAÑO"

El portavoz del PSC, Francisco Fajardo, catalogó al grupo del PP de "cooperador del fraude generalizado" existente porque, "sabiendo el Gobierno, de la existencia" de complejos irregulares "consienten y no actúan" para atajar una situación, que contribuye a "aumentar" la economía sumergida.

Para Fajardo, el Gobierno ha producido un "gran engaño" porque, en 2003, esgrimieron la lucha contra la irregularidad como una bandera electoral. Se trata de un caso "claro" del doble lenguaje empleado por el Ejecutivo.

El PSC pidió a la consejera que "se rebele contra la injusticia del fraude y, si no lo consigue, deje el cargo por dignidad". Fajardo le recordó que aceptó una herencia política "para lo bueno y para lo malo".

El portavoz de CC, José Miguel González, abogó porque el proyecto de ley vaya acompañado de "mejoras" en el sistema de inspección al tiempo que se evite dar la sensación de que la Administración pública está para resolver los problemas generados por los infractores. Defendió la necesidad de elaborar una norma "consensuada pero exigente".

La portavoz del PP, Agueda Montelongo, apoyó las acciones adoptadas por la Consejería al considerar que se aborda uno de los "retos más necesarios y urgentes" del sector. La diputada recalcó la necesidad de afrontarlo con "seriedad y prudencia y con el consenso" con el que se trabaja con ayuntamientos, cabildos y empresarios. .