CANARIAS.-Parlamento canario envía al Fiscal adveretncias del empresario Henríquez a diputados que secundaran el dictamen eólico

Europa Press Nacional
Actualizado: viernes, 30 marzo 2007 15:19

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Mar. (EP/IP) -

El Parlamento de Canarias decidió hoy viernes remitir a la Fiscalía las advertencias del empresario y ex alto cargo del PSC, José Francisco Henríquez, de querellarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra cada uno de los diputados, que secundaran el dictamen de la comisión de investigación del caso eólico, por si son constitutivas de delito.

Minutos antes de que comenzara la aplazada votación de las conclusiones de la comisión del caso eólico por el veto de los tres diputados gomeros socialistas, el presidente de la Cámara, Gabriel Mato, informó sobre la decisión de la Mesa de remitir las declaraciones de Henríquez a la Fiscalía.

Al empresario aludido, a propuesta de CC, el PP y Celso Betancort del grupo Mixto, se le reprueba en el dictamen aprobado hoy con el voto en contra del PSC, dos diputados de Nueva Canarias (NC) e Isaac Castellano del Mixto, por "tráfico de influencias" por su relación con el ex director regional de Industria del PP, Celso Perdomo, entre otros argumentos.

El juez Miguel Angel Parramón, instructor del caso eólico, levantó las imputaciones de cohecho y tráfico de influencias contra José Francisco Henríquez.

La decisión del órgano de gobierno de la Cámara fue adoptada a propuesta del vicepresidente primero de la Mesa CC, Alfredo Belda, y fue secundada por la mayoría de CC y el PP y el voto en contra del vicepresidente segundo del PSC, José Alcaraz.

Mato añadió que la decisión de la Mesa se sustenta en el artículo 498 del Código Penal que dice que "los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones, o, por los mismos medios, coartaren la libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años".

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