Carnicer (CGAE) considera un "drama" la desaparición de la pasantía por ser la "única forma" de aprender la profesión

Propone 4.000 abogados para que ejerzan como jueces y afrontar así la carencia de magistrados

Europa Press Nacional
Actualizado: jueves, 26 enero 2006 17:02

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE); Carlos Carnicer, consideró hoy un "drama" la desaparición de la pasantía como vía autónoma para acceder a la profesión de abogado, tal y como prevé el proyecto de Ley de acceso que remitió el Gobierno a las Cortes. "Creo que no va a desaparecer. Si no acertamos con la formación, la pasantía seguirá existiendo porque es la única forma de aprender bien el ejercicio de la profesión", afirmó.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Carnicer explicó que la pasantía seguirá existiendo para los mejor acomodados, por lo que consideró necesario "cuidar que se pueda hacer un sistema de formación muy similar al de la pasantía". A su juicio, la Universidad "nunca ha formado abogados" y "lo ha intentado muchas veces".

"Pretender ahora que la universidad recupere una formación profesional que nunca ha tenido me parecerá erróneo", afirmó el presidente de los abogados, que rechazó también que se pretenda apartar a los colegios profesionales y a sus escuelas de práctica jurídica.

"Los abogados somos los que mejor sabemos como formar a los abogados, lo hemos hecho toda la vida, desde el siglo XIII, a través de la pasantía", agregó Carnicer. No obstante, señaló que la Universidad es "necesaria" para el reciclaje y adaptación de nuevos conocimientos para los profesionales del Derecho.

En cuanto a los sistemas de acceso a la judicatura para juristas de prestigio, como el tercer, cuarto y quinto turno, Carlos Carnicer afirmó que su supresión es "un drama" porque suponían "una de las pocas vías que permitía una cierta permeabilidad". "Otra cosa es que el sistema no funcionase porque la elección estuviera contaminada por amiguismo denunciado desde el propio CGPJ", añadió.

De cualquier forma, consideró que este medio de acceso a la profesión de juez debe ser regulado. "No recuerdo un caso de un magistrado que haya entrado por el quinto turno que haya sido tachado incluso de mediocre en el ejercicio de la jurisdicción. Le iría muy bien a la justicia y a los jueces españoles una buena transfusión de profesionales que desempeñasen funciones distintas dentro de la administración de justicia", dijo.

CUATRO MIL JUECES

Durante su discurso, Carnicer estimó que en España hacen falta 8.000 magistrados, el doble de los que hay en la actualidad. Por ello, hizo una oferta a los asistentes a la conferencia, en su mayoría pertenecientes al ámbito de la Justicia, entre los que destacaban el ministro Juan Fernando López Aguilar o el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido: "Si así lo desean, mañana mismo pueden estar a disposición del Estado español 4.000 magníficos abogados, expertísimos, para acceder a funciones jurisdiccionales con la misma competencia con la que ejercen consejo jurídico, defensa o acusación".

Carnicer también formuló durante su discurso 10 propuestas para mejorar la Justicia, que van desde la correcta formación universitaria y la garantía en el acceso profesional, a la mejora de las condiciones en el ejercicio de la abogacía o la apertura del Derecho a las nuevas tecnologías. Asimismo, hizo suyas las reivindicaciones del Foro por la Justicia, que aglutina a 50 asociaciones de todos los ámbitos en el mundo de la justicia.

En lo relativo a la justicia de proximidad, aclaró que la competencia de estos juzgados se reducirá a las causas penales y civiles de más pequeño alcance, por lo que consideró que el nombre de estos juzgados debe referirse a los asuntos de su competencia. Carnicer se mostró contrario a que los jueces sean elegidos por el Ayuntamiento, ya que a la jurisdicción "hay que seguir accediendo a través de la oposición mientras no encontremos un mejor sistema".

Finalmente, consideró que las resoluciones judiciales escritas en lenguas cooficiales no atentan contra el derecho a la tutela judicial efectiva porque se puede pedir que las traduzcan al castellano. "Si me dan una resolución en euskera no me enteraré y pediré que me la traduzcan al castellano", afirmó Carlos Carnicer, que reconoció que sería "más lógico" que notificaran las resoluciones sólo en la lengua que entienden todos.

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