Casado recuperará si gobierna la transferencia de prisiones para evitar "discrecionalidad" en Lledoners

ambién cambiaría el Código Penal para introducir el delito de sedición impropia, modificar la Ley de Indultos y tipificar el referéndum ilegal

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

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El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado este lunes que si el PP logra llegar al Gobierno de España tras las elecciones del 10 de noviembre recuperará las transferencias de prisiones que ostenta el Gobierno de Cataluña con el objetivo de evitar "discrecionalidades" como las que, a su juicio, se pueden producir en la cárcel de Lledoners con los políticos independentistas presos al aplicar el tercer grado penitenciario.

"La Ley General Penitenciaria debería evitar que en Lledoners haya un régimen penitenciario diferenciado y que incluso haya discrecionalidad a la hora de aplicar el tercer grado penitenciario", ha declarado Casado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Al ser preguntado si teme que se abra la puerta casi con carácter inmediato a ese tercer grado para los condenados por el 'procés', Casado ha afirmado que el Partido Popular "tiene un plan de gobierno" que él aplicaría si el 10 de noviembre los españoles le dan la confianza para gobernar.

"Yo me comprometo a que si eso es así, nosotros recuperaremos las transferencias en la administración general penitenciaria a algunas comunidades autónomas porque lo que hemos visto en Lledoners no es de recibo. En los países desarrollados del mundo no hay regímenes penitenciarios diferenciados, ni para ser más benévolos con aquellos que son cercanos a la administración competente ni para ser más duros con los disidentes a esa administración, como ha pasado en algunos países no democráticos", ha dicho.

En este sentido, el presidente de los 'populares' ha recalcado que esa posible discrecionalidad para conceder el tercer grado penitenciario "no se debería producir" y el Gobierno "tiene que recuperar esas competencias si eso sucediera".

OTRAS MEDIDAS QUE PLANTEA CASADO

Tras exigir a Pedro Sánchez que se comprometa públicamente a no indultar a los condenados por el 'procés', el presidente del PP ha planteado una batería de medidas que defiende el PP como modificar la Ley de Indultos para prohibir esta medida de gracia a los condenados por rebelión y sedición.También ha apostado por introducir el delito de sedición impropia, que sería un tipo similar a la rebelión pero sin que tenga que concurrir la violencia.

Además, se ha mostrado partidario de introducir en el Código Penal el delito por referéndum ilegal, un tipo penal que estaba tipificado cuando se actuó contra el llamado 'plan Ibarretxe' pero que suprimió después el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. En su opinión, si existiera ese delito ahora "no habría habido consulta, referéndum ilegal ni declaración de independencia (DUI)".

El líder del PP ha trasladado su apoyo al Gobierno para defender la legalidad. "El PP ha dicho desde el principio, en público y en privado, que va a estar al lado del Gobierno para que haga cualquier medida para preservar el orden público y evitar este tipo de actuaciones violentas en las calles", ha resaltado.

LAS LEYES QUE PUEDE APLICAR SÁNCHEZ

En este punto, ha advertido de que Sánchez está "obligado" a aplicar la ley en vigor y, por tanto, si hubiera algún tipo de "sabotaje" a las comunicaciones o "confrontación en las calles" tiene que aplicar de "inmediato" la Ley de Seguridad Nacional con la que el Gobierno "coordina todas las Fuerzas de Seguridad del Estado y puede suprimir la mal llamada de agencia de inteligencia catalana (Cesicat)".

También ha aludido a la Ley de Partidos Políticos, que está en vigor desde 2002, y tiene "consecuencias" en caso de que un partido "aliente la violencia o la justifique"; y a la Ley de Financiación de Partidos Políticos para que una formación con líderes "condenados por rebelión y sedición no pueda obtener ninguna subvención pública que luego utilice para algaradas o para justificación de la independencia".

Además, ha señalado que la Ley de Acción Exterior permite "cerrar inmediatamente Diplocat", las "mal llamadas embajadas con las que se hace propaganda negra a la democracia española en el exterior"; y que la Ley General Penitenciaria impide que haya "discrecionalidad" con los presos independentistas que han sido condenados.