Caso Eólico.- PSOE y CC frenan el intento de PP de involucrar a los socialistas canarios a través de Francisco Henríquez

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Mar. (EP/IP) -

La posición mayoritaria de CC y el PSC en la ponencia de la comisión de investigación del 'Caso Eólico' frenó hoy el intento del PP de involucrar al partido socialista a través del empresario José Francisco Henríquez, a quien el magistrado Miguel Angel Parramón levantó las imputaciones de cohecho y tráfico de influencias.

CC y el PSC coinciden al reprobar las actitudes de unos hechos en los que se encuentran Celso Perdomo, Luis Soria, José Manuel Soria y José Manuel Arnáiz pero se estancan en la determinación de responsabilidades políticas. CC tampoco acepta la censura socialista a la consejera regional de Industria, Marisa Tejedor y propone la remisión a la justicia de toda la documentación.

En el segundo intento de los ponentes, Belén Allende (CC), Gloria Gutiérrez (PSC) y Jorge Rodríguez (PP), para avanzar en el borrador de las conclusiones, nacionalistas y socialistas coincidieron en la cronología de los hechos de la trama, difirieron en la contundencia de la calificación de las actitudes de los responsables públicos y de la responsabilidad de Marisa Tejedor pero se volvieron a encontrar al rechazar la propuesta del PP relativa a José Francisco Henríquez.

Gloría Gutiérrez mostró su sorpresa por el intento del PP de apuntar que el "núcleo" de la trama sea el PSC porque "parece que quieren que una mentira, repetida muchas veces, se convierta en una realidad". El intento de involucrar al PSC definiendo a Henríquez, como uno de los instigadores del caso, para Gutiérrez es "surrealista". Belén Allende opinó que un empresario "no es el objetivo" de la comisión parlamentaria. Ambas recordaron que el juez Parramón levantó las imputaciones de cohecho y tráfico de influencias sobre el empresario y ex cargo público del PSC.

TRAMA DESDE VERANO DE 2004

CC, por otro lado, intentará que el PSC no cuente con el apoyo del PP para cuestionar la investigación interna realizada por Marisa Tejedor, que concluyó con la inexistencia de irregularidades administrativas. Allende recordó que esta labor fue un mandato del Parlamento. Esta ponente propondrá además que toda la documentación de la comisión de investigación se remita al ámbito judicial.

Nacionalistas y socialistas coinciden en la cronología de los hechos de la trama, que comenzó a urdirse en el verano de 2004 "presuntamente" desde la dirección regional de Industria del PP de Celso Perdomo y hasta febrero de 2005 cuando el juez Parramón da a conocer las primeras imputaciones y detenciones. En ese tiempo se hace público el presunto tráfico de información privilegiada de las bases del concurso público, elaboradas en el departamento de Perdomo, perteneciente a la estructura de la Consejería responsabilidad de Luis Soria.

También se conoció el presunto tráfico de influencias del ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz, a favor de la empresa Promotora de Recursos Eólicos de José Ignacio Esquivel en detrimento de Megaturbinas, una empresa pública participada por el Cabildo de Gran Canaria de José Manuel Soria, Puertos del Estado y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Para el PSC, está "claro" que las conclusiones determinarán comportamientos "anómalos e irregulares pero tenemos un handicap en la definición de las responsabilidades políticas porque hay un procedimiento judicial abierto y, por otro lado, los cargos públicos más relevantes están fuera del Gobierno". Se refería a Luis Soria, a quien CC no cree que se le pueda imputar responsabilidad política aunque sí criticarle que dejara actuar con "mucha libertad" a Celso Perdomo. Sobre este último, el PP reconoce una actitud deshonesta.

Para Allende ha habido actitudes "reprobatorias, tenemos una presunción de lo que pudo haber pasado y sin resolución judicial firme no voy a poner una responsabilidad política taxativa, la indico". Las dudas sobre la definición de las responsabilidades políticas también se extienden a José Manuel Soria porque, tal y como dijo CC, el Cabildo de Gran Canaria "no es el ámbito del Parlamento". En esta consideración entra la Autoridad Portuaria de Las Palmas que depende del Ministerio de Fomento.