BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha exigido al Estado español que revise la sentencia del 'caso Filesa' sobre financiación irregular del PSOE que condenó a cárcel al administrador de la compañía, Luis Oliveró.
El Comité da un plazo de "90 días" a las autoridades españolas para que le remitan "información sobre las medidas adoptadas para aplicar dicho dictamen" y llevar a cabo la revisión de la sentencia para Oliveró.
En octubre de 1997, el Tribunal Supremo condenó a Oliveró a seis años de prisión por un delito de falsedad documental, a dos años por delito de asociación ilícita y otros dos años por delito contra la Hacienda Pública.
Ante esta decisión, el administrador de Filesa interpuso en noviembre del mismo año un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la violación de sus derechos fundamentales. Sin embargo, el TC declaró inadmisibles dichas alegaciones.
No obstante, en diciembre de 2000, tres años más tarde de hacerse pública la sentencia y después de haber cumplido parte de las condenas, el administrador de Filesa fue indultado, como consecuencia del indulto general que se decretó.
Al estar involucrados un senador y un diputado socialista, en su condición de aforados, el Supremo fue el encargado del caso. Esta circunstancia "afectó" a Oliveró, quien alega que "se vio privado de la posibilidad de apelar su condena", según el dictamen de la ONU.
El escrito del dictamen, al que tuvo acceso Europa Press, señala que en su escrito, Oliveró afirma, por este último hecho, haber sido víctima por parte de España de violaciones al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Oliveró mantiene que "el reconocimiento de este derecho --el de poder apelar-- tiene un impacto mínimo para el Estado, debido a que bastaría con que fueran nombrados varios jueces del mismo Tribunal Supremo para que revisaran las sentencias dictadas por la Sala Penal del tribunal".
Tras revisar los argumentos de Oliveró y del Estado Español, el Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que el administrador de Filesa fue juzgado por el Supremo debido a que entre los acusados había un senador y un diputado, conforme a lo que previsto por la ley.
Sin embargo, el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "una persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo de condena y la pena que se le imponga, sean sometidos a un tribunal superior, según la ley", por lo que el Comité de la ONU concluye que ha habido una vulneración de derechos.
