Caso Maletines.-La Audiencia de Madrid confirma que Vera será juzgado por pagos de fondos reservados a Amedo y Domínguez

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que el ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, el jefe de su secretaría personal Juan del Justo y los entonces responsables del Servicio de Información Exterior y del Servicio de Operaciones, respectivamente, el coronel Félix Hernando y Aníbal Machín, se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo año por el denominado "caso maletines", pieza desgajada del sumario de los Gal por los pagos con dinero procedente de los fondos reservados que se realizaron a los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, tras ser condenados.

La confirmación se produce después de que la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid haya desestimado los recursos de apelación interpuestos por Hernando y Machín contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que transformó las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral. La Sección 26 de esta sede judicial será la encargada de celebrar la vista oral, cuya fecha de inicio aún no se ha señalado, según fuentes jurídicas.

Los recursos presentados por los que fueron responsables del Servicio de Información Exterior y del Servicio de Operaciones cuestionaban la existencia de indicios suficientes que justificasen la imputación por ser cómplices de un delito continuado de malversación de caudales públicos del que son autores Vera y De Justo. Ambos recursos fueron admitidos entonces a trámite por la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid.

En un auto dado a conocer hoy, la Sala entiende que existen indicios inculpatorios contra Hernando y Machín, por lo que considera "razonable" la calificación jurídica que se atribuye a los hechos. Se basa en las declaraciones de las esposas de Amedo y Domínguez, María Ángeles Acedo Morales y Alicia Sánchez Carrión, respectivamente, y en la documentación aportada a lo largo del procedimiento.

Asimismo, recuerda que la Audiencia Nacional hizo en abril de 1995 un análisis de la existencia de indicios contra Hernando y Machín, cuando la investigación todavía estaba incorporada al sumario de los Gal, instruido por el juez Baltasar Garzón.

CUENTAS EN SUIZA.

El tribunal rechaza la argumentación de que las declaraciones de las esposas de los ex policías carecían de respaldo exterior, puesto que existen documentos que avalan dichas afirmaciones, como la ficha correspondiente a la cuenta que cada una de ellas tenía abierta en Ginebra (Suiza), en las que se realizaron los ingresos. También constan en las actuaciones operaciones realizadas en las cuentas los días en que se habrían realizado los viajes que se atribuyen a Hernando y Machín.

Igualmente, la Sala sostiene en su auto, de tres páginas, que existe amplío respaldo documental que acredita la implicación de los recurrentes en los hechos, como documentos de viaje y alojamiento relacionados con otras personas, que serían las esposas de Amedo y Domínguez.

La Sección Séptima también se opone a incluir en el procedimiento al teniente coronel Rafael Yuste, tal y como solicitan los acusados en sendos recursos por haber tenido "una participación similar" en los hechos. La Sala asegura, en este sentido, que no hay datos para concluir cuál ha sido o no la intervención de Yuste.

Según el fiscal, los ingresos de 1989 y 1990 fueron ejecutados por Hernando y Machín, que se trasladaron hasta Ginebra, transportando el dinero en maletines y calcetines. En último viaje, fueron De Justo y Yuste, quienes se desplazaron hasta Ginebra para efectuar los ingresos, aunque este último "desconocía el verdadero objeto del viaje". Todos los gastos generados en estos viajes, tanto los billetes de avión como los alojamientos, eran cargados también a la cuenta de los fondos reservados.

PETICIÓN FISCAL DE 7 AÑOS PARA VERA.

La Fiscalía Anticorrupción solicita penas de entre 2 y 7 años de cárcel para los acusados por los pagos con dinero procedente de los fondos reservados que se realizaron a Amedo y Domínguez, tras ser condenados por el "caso GAL".

A pesar de la petición de 7 años de cárcel y 16 de inhabilitación absoluta formulada por el fiscal para Vera, el escrito de acusación explicaba que en el caso de dictarse sentencia condenatoria contra él podría entenderse abarcada en las condenas que ya le han sido impuestas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por el secuestro de Segundo Marey y el "caso Fondos Reservados".

Por su parte, De Justo se enfrenta a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación absoluta, mientras que Machín y Hernando se enfrentan a 2 años de cárcel y 5 de inhabilitación, como cómplices de un delito continuado de malversación de caudales públicos del que son autores Vera y De Justo. Estos últimos deberán indemnizar al Estado, según la petición fiscal, con alrededor de 1,8 millones de euros y subsidiariamente en la parte que le corresponda a Machín y Hernando.

ORDEN DE VERA.

El fiscal explica que Vera fue nombrado director de la Seguridad del Estado el 24 de octubre de 1986 y "a raíz del ingreso en prisión de José Amedo y Michel Domínguez, el 13 de julio de 1988, por su implicación en los crímenes cometidos por los GAL", tras entrevistarse con las esposas de ambos, "decidió compensar la disminución de ingresos que para ambas había supuesto el ingreso en prisión de sus maridos".

"Asimismo, el pago de estas cantidades tenía como objeto garantizar el secreto de los dos procesados, a quienes el acusado había prometido el indulto, y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL, entre los que se encontraba el propio acusado", señala el fiscal.

A pesar de que Vera sabía "que los fondos reservados no se podían destinar a cubrir este tipo de gastos", le encargó a Juan de Justo que hiciese pagos mensuales a las esposas de los ex policías, a lo que el jefe de la Secretaría accedió "con idéntico conocimiento de la improcedencia de los pagos".

Así, entre agosto de 1988 y enero de 1994, fecha en la que Vera cesó como director de la Seguridad del Estado, De Justo les entregó "sobres blancos cerrados con celofán y con los nombres de las destinatarias, que contenían entre 450.000 y 600.000 euros en efectivo, casi siempre en la propia Secretaría de Estado". En total ambas recibieron por este procedimiento no menos de 29,7 millones de pesetas.