El Consejo tiene previsto estudiar el contenido de una futura instrucción sobre los plazos de la instrucción penal
MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunirá hoy martes con los miembros del Consejo Fiscal, que celebra una sesión en la sede de la Fiscalía General del Estado en Madrid, donde podrá escuchar las críticas que desde diversos sectores de la Carrera se han realizado contra la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), en especial en lo referido a los plazos de la instrucción fiscal.
Antes de la constitución del Consejo Fiscal, Catalá, mantendrá un encuentro con los vocales para explicarles los aspectos de la próxima reforma procesal penal que afectan a las competencias y funcionamiento del Ministerio Público, según ha anunciado el propio Ministerio Público en una nota.
En el orden del día de la sesión del Consejo de hoy se incluye precisamente el estudio de la futura Instrucción que la Fiscalía General del Estado remitirá "Sobre los plazos máximos de la fase de Instrucción".
También se analizará el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, así como el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan la fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y productos relacionados.
Además, el Consejo estudiará, de cara a la propuesta que la fiscal general, Consuelo Madrigal, realizará al Consejo de Ministros la provisión de tres nuevas plazas para la Fiscalía del Tribunal Supremo y para otros puestos como la jefatura de la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, Cartagena, Huelva, Palencia y de la Fiscalía Superior de Cantabria, así como una plaza de teniente fiscal inspector y de fiscal jefe del área de Alzira.
El ministro viene insistiendo en los últimos días en que, al contrario de lo que vaticinan hasta seis asociaciones de jueces y fiscales defiende que el cumplimiento de los plazos de la instrucción no supondrá impunidad, ya que la propia norma establece que ningún asunto se va a archivar o sobreseer "por el mero transcurso del tiempo".
POSTURA DE LA ABOGACÍA
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se ha unido este lunes a las críticas y ante la petición de asociaciones de jueces y fiscales para que se suspenda la aplicación de la nueva Ley ha reclamado en un comunicado "participación y diálogo" para lograr una solución consensuada entre el Ministerio de Justicia y todos los profesionales jurídicos.
Según la Abogacía, la entrada en vigor el 5 de diciembre --dos meses después de la publicación en el BOE de la reforma de la LECrim-- puede resultar de imposible cumplimiento en lo relativo a la solicitud de prórroga de 6 y 18 meses cuando en estos plazos no pueda completarse la instrucción y porque habrá de aplicarse a todas las causas penales que se encuentren en fase de investigación en todos los juzgados de España.
En todo caso, consideran "poco eficaz" la novedosa regulación si la prórroga tiene que resolverla el juez de instrucción, a petición del fiscal o de las partes, continuando con el deficiente marco procesal penal que ignora las peticiones de la mayor parte de los intervinientes en el proceso.
"La Abogacía exige el diálogo entre todas las partes que participan en la Administración de Justicia para encontrar una solución consensuada que garantice a los ciudadanos que no habrá impunidad --en ningún caso-- cuando finalice el plazo de la instrucción judicial o mientras se tramita la prórroga", añade el CGAE.
Recuerdan que, de acuerdo con la reforma de la LECrim, los abogados, en defensa de los intereses de las partes procesales, junto con los fiscales también pueden solicitar al juez de instrucción la ampliación de los plazos para la finalización de la instrucción.
"Lo que demandan los ciudadanos es mayor agilidad en la tramitación de los procesos judiciales. La celeridad procesal beneficia tanto a investigados y acusados como a víctimas y perjudicados", añaden los abogados, por lo que solicitan que se dote de los medios personales y materiales necesarios a fiscalías y juzgados para cumplir el mandato legal recogido en el reformado proceso penal.
