Catalá atribuye la propuesta de habitabilidad de Ciudadanos a la "creatividad" en campaña

EUROPA PRESS

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha atribuido este martes la propuesta de regular el límite máximo de habitabilidad en cada vivienda propuesto por Ciudadanos a un ejercicio de "creatividad" esbozado durante la campaña electoral y ha considerado que dentro de la política regulatoria del Gobierno no está el "decirle a los ciudadanos cuantos tienen que vivir en un espacio". "No creo que esté dentro de las prioridades de ningún Gobierno", ha añadido.

El titular de Justicia y ex secretario de Estado de Vivienda con la ministra Ana Pastor ha respondido así al ser cuestionado sobre la propuesta recogida en el programa marco de las elecciones municipales y autonómicas de la formación encabezada por Albert Rivera, durante un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia y patrocinado por los despachos de abogados Montero Aramburu y Dikei Mohedano, del que es socio director José María Mohedano, abogado del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, entre otros clientes.

"Estamos en campaña electoral, todos los días hay que decir muchas cosas. La creatividad a veces tiene límites", ha respondido Catalá, para apuntar que existe una política regulatoria sobre las condiciones, las garantías o los requisitos para cumplir unos "estándares mínimos de calidad". "Ahora bien, decirle a los ciudadanos si dos o tres personas por habitación, no me parece dentro de lo que es una política regulatoria del Gobierno y no creo que esté dentro de las prioridades de ningún Gobierno", ha añadido.

"Pero tampoco me parece --ha proseguido-- que esté dentro de las prioridades de ningún Gobierno decidir si solo deben participar en debates regeneracionistas los que hayan nacido después de una fecha o suprimir ayuntamientos. Algunos en ese ejercicio de creatividad o innovación, a veces desenfocan el análisis", ha proseguido.

"PLURALIDAD" EN EL CGPJ POR LAS SENTENCIAS DE FRAUDE FISCAL

En cuanto a la división del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la propuesta del Gobierno de publicar las sentencias condenatorias por fraude fiscal, el ministro ha admitido que "no le llama la atención" ni cree que "devalúe" el informe del órgano de gobierno de los jueces el hecho de que el presidente, Carlos Lesmes, tuviera que recurrir a su voto de calidad y ha achacado la configuración de las mayorías o minorías a una demostración de "pluralidad".

Al ser cuestionado si deben hacerse públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las condenas a agresores sexuales, el ministro ha dicho que este "enfoque no está en el planteamiento del Gobierno", pero ha recordado que sí está la propuesta de constituir un registro de penados en materia de pederastia para que "cuando algunos estén sometidos a medidas de seguridad en países de Europa, tengan conocimiento de ello las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

El PP en el Congreso de los Diputados ya ha propuesto, en sus enmiendas al proyecto de Ley sobre el sistema de protección a la infancia y la adolescencia, a las que ha tenido acceso Europa Press, la creación de un registro central de delincuentes sexuales, que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN, y que además será confidencial.

"DE MOMENTO NO HE ROBADO"

Catalá, que ha insistido en que "el Gobierno no ha planteado sancionar a los medios de comunicación" por las filtraciones de los sumarios judiciales, ha reivindicado también la dignidad del trabajo de "miles" de personas que se dedican a la política sin recibir ninguna retribución y "a veces dedicando parte de su patrimonio". "De momento no he robado absolutamente nunca. Hay muy pocas personas en términos porcentuales que hayan incurrido en prácticas corruptas", ha añadido.

El ministro de Justicia ha calificado como un "lugar común" el atasco y la lentitud de la Justicia ya que la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) demuestra que los tiempos medios de resolución de los 8,5 millones de asuntos que anualmente ingresan en los tribunales se sitúan en los "cuatro, cinco o seis meses". "La imagen de la justicia lenta, de los pleitos durante años se corresponde con cientos de asuntos, pero no con el devenir cotidiano", ha señalado.

Catalá, que se ha comprometido en que a partir del 1 de enero de 2016 las comunicaciones entre los profesionales y la Administración de Justicia serán vía electrónica y "superarán la era del papel", ha concluido que para hablar de lentitud hay que "bajar el microscopio" y que "la incidencia directa que se atribuye a las tasas judiciales y a la reducción de la litigiosidad no se acredita como tal" en los datos estadísticos.