Las CC.AA. con competencias transferidas piden una reforma inmediata de la Justicia

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia apuestan por una "reforma en profundidad" de la Justicia, en la que quieren participar activamente, y pidieron hoy reunirse "de forma inmediata" con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para establecer el calendario de modernización de la Justicia.

Los consejeros de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Canarias, Navarra, Asturias, Cantabria y Aragón, y dos representantes de la Comunidad Valenciana y Madrid --el de Andalucía no pudo asistir por motivos de agenda-- aprobaron "por unanimidad, pese al distinto carácter ideológico" una serie propuestas y peticiones que hicieron públicas este mediodía.

Las conclusiones pivotan sobre tres ejes: la reforma de la justicia gratuita, la implantación de la nueva oficina judicial --definida en 2003, pero pendiente de desarrollo-- y la implantación de las nuevas tecnologías. Otro de los temas principales es la gestión del personal al servicio de la Administración, pues las comunidades autónomas quieren mayores competencias para así poder convocar plazas y seleccionar a los aspirantes.

Para implantar la nueva oficina judicial, los consejeros exigen al Ministerio de Justicia que convoque las plazas de secretarios judiciales necesarias para desplegar los servicios comunes procesales, y que se comprometa a sufragar el coste de interconectar los distintos sistemas informáticos.

En ese sentido, hicieron un especial hincapié en la necesidad, no sólo de implantar el expediente electrónico en todos los órganos judiciales, sino de obligar a utilizar las nuevas tecnologías a los jueces, secretarios judiciales, funcionarios, procuradores y el resto de profesionales que trabajan en este ámbito.

También consideran importante agilizar la justicia, y ello pasa por potenciar mecanismos alternativos de resolución de conflictos --como la mediación y el arbitraje--, por desvincular los registros civiles del ámbito judicial y por "desjudicializar" las reclamaciones de pequeña entidad o de carácter administrativo.

Con el fin de reducir el volumen de asuntos que llegan a los juzgados españoles, los consejeros abogan por reformar la Ley de Justicia Gratuita para que se informe al beneficiario del coste que tiene el servicio y se le obligue a ratificar su solicitud para tramitar los recursos.

Los consejeros consideran que "es imprescindible asentar los oportunos mecanismo de colaboración institucional", mediante las comisiones mixtas entre las CC.AA. y los distintos estamentos judiciales, y la Comisión mixta de CC.AA., el Ministerio de Justicia y el CGPJ --conocida como TRIXTA--, que no se reúnen desde hace, al menos, cinco años.