CCOO y UGT piden eliminar agravante que implica cárcel para sindicalistas

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Delegados de CCOO y UGT celebraron una reunión este miércoles con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ante quien expresaron su disconformidad con el mantenimiento en el nuevo Código Penal del ejercicio de la actividad sindical como un agravante, lo que permite la aplicación a sindicalistas de penas de prisión de más de tres años con el consiguiente ingreso en prisión.

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado, esta medida se aplica a todos los casos pese a que los hechos no incluyan comportamientos violentos ni de daños a personas o bienes.

A lo largo de la reunión mantenida con Catalá, los representantes sindicales reclamaron también una solución "urgente" para los casos en los que se han dictado sentencias condenatorias que suponen el ingreso en prisión de huelguistas, máxime cuando los propios tribunales sentenciadores reconocieron en sus resoluciones la desproporción de la pena prevista legalmente y la necesidad de evitar el ingreso en prisión.

HABRÁ INDULTOS

"El Ministerio ha informado de la voluntad de agilizar las medidas de indulto para estos casos, a fin de remediar la situación personal, en tanto se tramita la ley que impone la revisión de dichas penas", asegura el comunicado.

En relación con la dimensión social y laboral que tiene el Real Decreto-Ley sobre segunda oportunidad, las confederaciones sindicales han trasladado al ministro "la insuficiencia de las medidas previstas en dicha norma y la precipitación con que se ha adoptado, sin el mínimo proceso de dialogo ni participación social".

A juicio de ambas centrales "es necesario apurar la tramitación como Proyecto de Ley para hacer efectivo un mecanismo que impida los injustos desahucios que se están produciendo en nuestro país y que afectan directamente a los trabajadores y a las familias".

Además, UGT y CCOO han denunciado asimismo los inaceptables efectos laborales de la llamada segunda oportunidad, al paralizar los procesos para hacer efectivo el pago de salarios e indemnizaciones por despido ante la crisis de la pequeña y mediana empresa, sin permitir el acceso al Fondo de Garantía Salarial.

También rechazan la posibilidad de sustituir la obligación de pago de deudas laborales, mediante la reducción de la deuda, el aplazamiento de su pago hasta 10 años, o su sustitución con activos tóxicos de la empresa, lo que requiere una urgente modificación legal.

Finalmente, ambos sindicatos han puesto en evidencia durante la reunión con Catalá el interés de las organizaciones sindicales en abordar la mejora de la respuesta penal ante los supuestos de corrupción política, a cuyo fin enviarán al Ministerio de Justicia sus propuestas en relación con la ya iniciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.