La CEA rechaza "en bloque" la Ley del Ciclo del Agua por su "afán recaudatorio" y cree que peligran ciertas actividades

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de los sectores industrial, agrícola y energético, entre otros, miembros de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), se opusieron "en bloque" al borrador del anteproyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua, del que criticaron su "afán recaudatorio" y que, según aseguraron, puede hacer peligrar el futuro algunas actividades económicas.

Según aseguraron a Europa Press fuentes de Asaja, patronal agraria integrante de la CEA, las diferentes asociaciones sectoriales y miembros de la Confederación mantuvieron hoy una reunión con el director general del Instituto Andaluz del Agua de Andalucía, Hermelindo Castro, para analizar diversos aspectos de dicha norma y exponer sus puntos de vista.

Así, según las fuentes presentes en dicha reunión, todas las partes coincidieron en considerar esta Ley como "redactada con un afán puramente recaudatorio" y criticaron tanto las cuantías de los cánones establecidos para cada sector como "la filosofía de esta norma".

Las empresas, de esta forma, mostraron su "oposición frontal" hacia esta norma "donde no admitimos ni las cantidades establecidas ni los planteamientos con los que se elabora".

Las fuentes explicaron que "aunque esta norma afecta fundamentalmente al sector doméstico, en la práctica la aplicación de los cánones establecidos supondrá un incremento en la tarifa del consumidor particular del 15 por ciento, pero esas cantidades se multiplican para el sector industrial y agrícola, entre otros afectados".

"Se están cargando las tintas sobre los sectores productivos y no sobre el sector doméstico, de forma, que algunos sectores pasarán de no pagar ningún canon a pagar una barbaridad, y en otros casos hay sectores que verán multiplicado por cuatro o por cinco lo que ya pagaban", agregaron las fuentes, que consideraron que "finalmente el sector más beneficiado con lo que se pretende hacer será el consumo doméstico y el empresario asumirá la subida".

Aseguraron que en ciertos sectores, como el generador de energía hidroeléctrica o el agrícola "se podrán registrar subidas excesivas, del 400 por cien en el caso de la industria química" y alertaron de que esta "excesiva fiscalidad" puede repercutir en la marcha de las empresas, de forma que "estas subidas fiscales suponen costes que pueden provocar desapariciones de empresas, ajustes de personal o incrementos en el precio de los productos, que al final las empresas deberán repercutir en los consumidores".

"En ciertos sectores la subida planteada no es asumible por las empresas", agregaron las fuentes, que apuntaron que las compañías eléctricas dedicadas a producir energía hidroeléctrica "sufrirá muchísimo" y en el caso de determinadas industrias químicas "se registrarán subidas en sus tarifas por uso del agua del 400 por cien".

EFECTOS POR SECTORES

Las empresas suministradoras también mostraron su negativa a la norma pues, según las fuentes, "las hacen cobradoras del impuesto, adquiriendo un papel jurídico muy complicado, duro y dañino, puesto que, según la norma, la Junta pretende que estas empresas les paguen hasta aquello que no hayan conseguido cobrar, por lo que serán las empresas las que se deban buscar la vida con el impagador".

Agregaron que las eléctricas e hidroeléctricas se verán "machacadas, con pérdidas del 50 por ciento de sus beneficios", mientras que las térmicas "multiplicarán por dos sus gastos".

En el caso de las empresas de hostelería, también presentes en este encuentro, "sufren el problema de que deberán pagar no por consumo real sino por las plazas que tengan los hoteles, estén ocupadas éstas o no".

En el caso de las empresas agrarias, Asaja lamentó que en esta norma "no se reconozca el tremendo esfuerzo que se está haciendo en materia de modernización de las infraestructuras", tras lo que recordaron que los agricultores "están muy condicionados por la PAC en materia medioambiental".

En ese sentido, las fuentes apuntaron que los cánones pueden suponer hasta 200 euros por hectárea en el caso del arroz "lo que supone un sobrecoste difícil de soportar, pues el sector no está para más gastos, jugamos con unos márgenes estrechísimos y encima no puede repercutir ese incremento fiscal en el consumidor, como sí hacen otros sectores". "Se está hablando de fiscalidad ambiental a costa de hacer desaparecer algunos sectores económicos", lamentaron las fuentes.

Después de mantener esta reunión, Castro se comprometió a escuchar a cada sector y convocará reuniones individuales con cada uno de ellos.