Cerrado el acuerdo del traspaso del Guadalquivir, por el que Andalucía gestionará 53 de los 57 embalses de la cuenca

CAZORLA (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La Comisión Bilateral de Cooperación Andalucía-Estado acordó hoy en Cazorla (Jaén) los términos del acuerdo del traspaso de las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por Andalucía.

Así, la administración autonómica andaluza explotará, conservará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras hidráulicas asociadas de los 53 de los 57 embalses de la cuenca, ya que quedan excluidos los pantanos Fresneda y Montoro, que seguirán siendo gestionados por el Estado, y Jándula y Pintado, para cuya gestión el Estado se coordinará con la Junta.

Tras la reunión, que se celebró en el Parador de Cazorla, lugar escogido por encontrarse cerca del nacimiento del río Guadalquivir, la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, señalaron que el acuerdo se sustenta en ocho grandes puntos, de los que destacaron la definición del ámbito de gestión de la Junta y el establecimiento del principio básico de cooperación entre comunidad autónoma y Estado para el intercambio de información hidrológica y para el cumplimiento de los objetivos ambientales y de gestión de los recursos hídricos fijados por la Directiva Marco de Aguas.

Sobre la planificación hidrológica, y en cumplimiento del artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Administración del Estado establecerá el Plan Hidrológico del Guadalquivir mientras que la Junta de Andalucía elaborará propuesta de actuaciones y los programas que incluirá dicha planificación, con lo que "se cumple el principio de unidad de gestión de la cuenca hidrográfica". Según Salgado, el acuerdo con la Junta sobre la cuenca del Guadalquivir define "un nuevo modelo de gestión del agua" con el que se marca un camino jurídico que permitirá "facilitar la tarea" a otras comunidades que puedan plantear cuestiones similares.

En el Plan Hidrológico del Guadalquivir se le asignará a la Junta andaluza el volumen de las aguas disponibles correspondientes a la cuenca del Guadalquivir que transcurren por la comunidad autónoma, siendo responsabilidad de la Junta el otorgamiento de las concesiones de los recursos hídricos dentro de su territorio. Además, cada Administración creará los órganos de gestión que estime oportunos según la normativa correspondiente, si bien tanto la Junta como el Gobierno central se obligan a tener representación en los órganos creados por la otra administración.

OBRAS Y DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO.

Asimismo, el acuerdo establece que la Junta programará, financiará, construirá y gestionará las obras hidráulicas que sean de su interés en su territorio al tiempo que el Estado ejecutará aquellas actuaciones que sean declaradas de interés general o que afectan a otra comunidad autónoma. Ambas partes podrán colaborar mediante la firma de los oportunos convenios en el desarrollo de estas actuaciones.

En el ámbito de la protección del dominio público hidráulico, el Gobierno andaluz otorgará las correspondientes autorizaciones de vertido, ejercerá las funciones de policía de aguas y cauces, realizará el deslinde del dominio público hidráulico y aplicará el correspondiente régimen sancionador en su territorio.

Junta y Gobierno han cerrado el acuerdo político sobre el traspaso de las aguas del Guadalquivir que discurren por Andalucía con el objetivo de que sea efectivo "en el menor tiempo posible", aunque la fecha fijada se sitúa en torno al 1 de julio de 2008. El acuerdo toma como base el artículo 51 del nuevo Estatuto de Autonomía, una disposición que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) el pasado 5 de junio por la Junta de Extremadura por estimar las competencias exclusivas de Andalucía sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por su territorio "incumplen" la Constitución.

EL RECURSO DE EXTREMADURA.

Sin embargo, Salgado defendió hoy que la decisión de dejar a cuatro embalses, Fresneda, Montoro, Jándula y Pintado, fuera del acuerdo político "responde al título constitucional que dice que en el caso de lo que es entre distintas comunidades la responsabilidad la tiene que asumir el Gobierno, se hace con esa finalidad para cumplir lo previsto en la Constitución y en ese espíritu de solidaridad de que la planificación hidrológica responda a las necesidades de desarrollo de las distintas comunidades".

Por tanto, la titular de Administraciones Públicas recalcó que tiene que ser la Junta de Extremadura la que decida a la vista de este acuerdo político y ante la convicción de la defensa de sus derechos el futuro del recurso.

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, dijo el pasado sábado que mantendrá el recurso presentado ante el TC contra el Estatuto andaluz en lo relativo al traspaso a esta comunidad de las competencias exclusivas para la gestión del Guadalquivir porque "choca con lo que recoge la Constitución", pero mostró su "profundo respeto" a la decisión de Junta y Gobierno de cerrar políticamente la transferencia.