MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó hoy por unanimidad el informe en el que solicita al Gobierno que defina mejor los conceptos de participación y presencia equilibrada que introduce en el anteproyecto de Ley de Igualdad. Este dictamen ha sido realizado por el vocal del sector conservador José Luis Requero y fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Estudios e Informes del Consejo, que lo elevó al Pleno para su aprobación definitiva.
El informe señala que, mientras el principio de representación o composición equilibrada es definido en la Disposición Adicional Primera del anteproyecto, los de participación equilibrada y presencia equilibrada, "carecen de una mayor precisión, lo que dificulta notablemente su interpretación y aplicación".
A juicio del máximo órgano de los jueces, esta inconcreción suscita dudas de si los tres términos utilizados a lo largo de la futura norma son sinónimos, por responder al mismo principio o, por el contrario, tienen implicaciones y un grado de eficacia diferentes.
Para el CGPJ, esta confusión condiciona su "exigibilidad", ya que "el anteproyecto parece dotar a estos dos últimos principios de una naturaleza programática, cuya exigibilidad resultaría de más difícil concreción". "Es aconsejable, por tanto, una mayor precisión y determinación normativa que clarifique el carácter y sentido de la norma", resume.
Por otro lado, el texto también hace referencia a las cláusulas de preferencia que las Administraciones Públicas podrán introducir en los contratos públicos con aquellas empresas que garanticen una composición equilibrada entre hombres y mujeres en los Consejos de Administración, con un mínimo anual de 10 por ciento.
"CAUTELA" CON CLÁUSULAS EN CONTRATOS PÚBLICOS
Se trata, a juicio del CGPJ, de una medida que exige "gran cautela" a la hora de su incorporación a los pliegos y condiciones de contratación para que no provoque un "efecto perverso": esto es, "que resulte beneficiado un candidato que ofrece peores condiciones o menores garantías para el interés público que se pretende conseguir".
"La cuestión es que esa composición equilibrada se instrumentalice para lograr la adjudicación de un contrato público, lo que podría perjudicar al interés público, al principio de concurrencia en régimen de igualdad y, en último extremo, a la dignidad de las mujeres", advierte.
Por otro lado, el dictamen concluye también que gran parte de los preceptos del texto informado son traslado fiel, "casi literal en ocasiones", de los contemplados en las Directivas comunitarias sobre la materia. En esta línea, señala que parte de sus previsiones estaban ya incorporadas al ordenamiento interno español, tanto estatal como autonómico.
Finalmente, considera que el texto no plantea duda alguna de constitucionalidad y recomienda incorporar a su enunciado el calificativo de "integral" al entender que se trata de un "código del derecho a la igualdad de trato y oportunidades por razón de sexo".
