MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debate hoy una propuesta del Servicio de Inspección en la que solicita el archivo de la información previa abierta contra el juez que dejó en libertad al agresor racista del tren de Barcelona, al considerar que su actuación "fue correcta, sin que pueda realizarse reproche disciplinario alguno".
La diligencia, que fue abierta el pasado día 25 a instancias del jefe de Inspección del CGPJ, José María Gil Sáez, tenía como objetivo analizar si la actuación del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Eduardo Gómez López, fue correcta.
El magistrado dejó en libertad al joven Sergi Xavier M.M., de 21 años, al no presentarse ningún representante de la Fiscalía a su primera declaración. Según recogieron las cámaras de seguridad, el joven agredió reiteradamente a la menor ecuatoriana cuando ambos viajaban el pasado día 7 en un tren de Ferrocariles de la Generalitat.
PRESENTACIÓN DE RECURSOS
La propuesta que debate hoy el órgano de gobierno de los jueces señala que los desacuerdos con las resoluciones judiciales que ha adoptado el juez de Sant Boi de Llobregat "deben canalizarse a través del sistema de recursos establecido en nuestro ordenamiento jurídico y no por la vía disciplinaria".
"Las potestades de inspección y disciplinaria que corresponden al CGPJ están referidas a la comprobación del funcionamiento de la Administración de Justicia y a la vigilancia de las obligaciones que, según su estatuto profesional, incumben a jueces y magistrados, y esas potestades tienen como límite el respeto a la exclusividad de la función jurisdiccional", señala la resolución.
Asimismo, el Servicio de Inspección destaca que "los órganos de gobierno del Poder Judicial carecen de atribuciones para revisar el ejercicio de esa potestad jurisdiccional que, por mandato constitucional, corresponde en exclusiva al juez y los magistrados, a través de los recursos que las leyes procesales establezcan".
EXPLICACIÓN DEL JUEZ
El magistrado remitió un informe al CGPJ el pasado día 29 de octubre en el que explicaba los hitos de su actuación. En él argumenta que tardó tres días en citar a declarar a la menor agredida (del 23 al 26 de octubre) porque tenía siete declaraciones penales y siete juicios civiles y no disponía de tiempo para notificar las posibles suspensiones. No obstante, el día 24 acordó adelantar este trámite al día siguiente.
El día 25, tras tomar declaración al joven y a la menor, el juez explica que adoptó las medidas cautelares que se consideraron pertinentes, en referencia a la obligación impuesta al joven para que comparezca ante la Policía Local de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), donde reside, dos veces al día.
