El CGPJ y las asociaciones de jueces coinciden en la "inviabilidad" jurídica de la propuesta de Ibarretxe

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las asociaciones de jueces y magistrados coincidieron en calificar de "inviable" desde el punto de vista jurídico la realización de la consulta anunciada hoy por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, para el 25 de octubre de 2008, ya que la Constitución declara la competencia exclusiva del Estado para realizar esta clase de convocatorias.

El portavoz de Jueces para la Democracia (JPD), Jaime Tapia, explicó a Europa Press que, si a pesar de ello la consulta se convocase, ésta no podría siquiera desarrollarse ya que carecería de soporte institucional y no pondría en marcha la maquinaria electoral necesaria, como sería la constitución de las Juntas Electorales etc.

Añadió que, si en todo caso se celebrara, la consulta provocaría gran perplejidad entre los ciudadanos, que no sabrían si deberían acudir o no a las urnas, al tratarse de un acto convocado fuera de la legalidad. "Sería algo esperpéntico", afirmó.

En opinión de Antonio García, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) "no hay actuación legítima cuando el poder político actúa al margen de la legalidad".

Del mismo modo se manifestó Juan Pedro Quintana, de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria. Dijo a Europa Press que el presidente de una comunidad autónoma carece de competencia para realizar una consulta popular de estas características, si bien habría que estudiar que tipo de iniciativa concreta es la planteada por Ibarretxe para considerar sus consecuencias jurídicas.

CGPJ.

Finalmente, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, subrayó que el Estado cuenta con los instrumentos necesarios para evitar la realización de dicha consulta: en primer lugar estaría el requerimiento del Gobierno al lehendakari para que reconsiderase su intención, que de no prosperar conllevaría a la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión de la convocatoria.

"En el improbable supuesto de que se celebrara -añadió López-, el Poder Judicial no podría participar en el proceso consultivo (a través de la constitución de las Juntas Electorales territoriales), por lo que éste carecería de las mínimas garantías previstas en el proceso electoral".

El lehendakari ofreció hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzar antes de junio de 2008 un pacto que incluya el derecho a decidir y fijó para el 25 de octubre del 2008 una consulta ratificadora del acuerdo o una "habilitadora" que desbloquee la situación.