El CGPJ "insta a los políticos del País Vasco al cese de descalificaciones" contra jueces del TSJPV

No concede el amparo a Ruiz Piñeiro, porque no se siente inquietado ante "la intensa campaña de acoso y deslegitimación" padecida.

Europa Press Nacional
Actualizado: martes, 23 enero 2007 16:24

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió hoy por tres votos frente a dos "instar a los responsables políticos" del País Vasco "el cese de tales declaraciones en tanto en cuanto tengan como fin la descalificación y cuestionamiento de la actuación profesional de integrantes de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia" de dicha Comunidad Autónoma.

Así ha respondido el Consejo a las "expresiones y descalificaciones" denunciadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, ante "la campaña tan intensa y prolongada de acoso y deslegitimación" que dice padecer desde que se admitió a trámite la querella contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por su primera reunión con Batasuna.

El portavoz del Consejo, Enrique López, explicó que la Permanente no había concedido el amparo a Ruiz Piñeiro, porque él mismo decía en su escrito que, a pesar de las críticas, no se sentía inquietado en su independencia judicial. No obstante, el presidente del TSJ denunciaba haber detectado "un salto cualitativo" desde el jueves pasado, que convertió las descalificaciones en calumnias contra los jueces que componen el tribunal.

Precisamente, por esta afirmación el acuerdo mayoritario de la Comisión Permanente añade que "dichas expresiones y descalificaciones, de proseguir, podrían llegar a ser susceptibles de perturbar o inquietar a los integrantes de la mencionada Sala, en concreto en lo que se refiere al procedimiento penal en curso en el que aparece como imputado el lehendakari del Gobierno vasco".

El acuerdo, que cuenta con los votos particulares de los magistrados de la minoría progresista que componen la Permanente, Luis Aguiar y Juan Carlos Campo, incluye también la habitual mención del Consejo al "legítimo derecho a la crítica racional de las resoluciones judiciales contra una manifestación del derecho a la libertad de expresión".

Campo rememoró las palabras que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Francisco José Hernando, utilizó para negar el amparo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón relativas a su veteranía y experiencia, e insistió en que, en su opinión, el Consejo debería haberse limitado a hacer una llamada a la mesura en las críticas.

UNANIMIDAD.

En lo que sí hubo unanimidad entre los cinco miembros de la Comisión Permanente fue en negarse a hacer una declaración contra la decisión del Consejo de Gobierno vasco del pasado 26 de septiembre de 2006 de retirar las viviendas que ocupaba la cúpula judicial en Euskadi, ya que se enmarca "dentro de las competencias del mencionado órgano, al igual que han venido haciendo otras Administraciones Públicas".

También fue unánime la decisión de declarar que las críticas realizadas por el vocal Juan Pablo González contra el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, en relación con una huelga realizada por los funcionarios vascos, fueron efectuadas a título personal o individual, ya que el órgano de Gobierno de los jueces no ha hecho ninguna valoración al respecto.

EVOLUCIÓN DE CRITICAS.

El escrito remitido por Ruiz Piñeiro al Consejo para que adoptara las medidas que considerara oportunas dividía las críticas en dos momentos, desde que se admitió a trámite la querella contra Ibarretxe por su reunión con Batasuna hasta el pasado jueves. Desde entonces, según el magistrado, se había producido "un cambio cualitativo, toda vez que se entra de forma clara en el terreno personal, en una actitud de tirar la piedra y esconder la mano, directamente calumniando (bajo la máxima de que 'algo queda') pues no otra cosa cabe deducir del hecho de que un juez resuelva por motivos espurios ajenos a la ley, es decir, se está insinuando la comisión de un delito de prevaricación, pero sin explicar nada más".

Dicho cambio se sustenta en dos informaciones. Una se refiere a las declaraciones realizadas por Juan María Atutxa, actual presidente de la Fundación Sabino Arana, "que sin citar su fuente, ni el porqué, cuándo o cómo, es decir, sin explicar nada en absoluto afirma 'conocer' las razones 'extrajudiciales' que mueven la causa abierta contra el lehendakari y dice conocerlas por tener 'información directa'".

La otra información apareció en un diario y afirma que uno de los magistrados que componen la Sala que admitió la querella ha dicho textualmente: "Éste -en referencia al lehendakari- va a pasar por aquí por cojones". Además, la noticia habla de situación de miedo en el TSJPV y que hay jueces que "temen represalias si hablan".

"En definitiva, creo que no exagero un ápice si afirmo, con rotundidad, que nunca había asistido a una campaña tan intensa y prolongada de acoso y deslegitimación, no sólo en el ámbito territorial de esta Comunidad Autónoma, sino en el ámbito de todo el Estado. Y todo ello, a mi juicio, y a la vista de lo anterior, con la finalidad de inquietar o perturbar la independencia y el sereno ejercicio por parte de este tribunal de la función jurisdiccional que constitucionalmente tiene encomendada", explicaba el presidente del TSJ.

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