MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han firmado este jueves un protocolo de colaboración en materia de medidas de apoyo judicial que permitirá agilizar la tramitación de los refuerzos en los juzgados y tribunales que tengan un especial retraso o una excepcional carga de trabajo .
Según han informado ambas instituciones en sendos comunicados el protocolo establece la dotación presupuestaria destinada a este tipo de actuaciones así como su gestión económica.
En concreto, se prevé que la Comisión Permanente del CGPJ pueda prorrogar directamente, por un periodo máximo de seis meses, un total de 53 medidas de apoyo, consideradas "estructurales", y que se han venido prorrogando de forma reiterada desde hace más de dos años.
El sistema está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya reforma se aprobó el pasado diciembre, y dispone que sea el órgano de gobierno de los jueces el que acuerde la necesidad de estos refuerzos. Sin embargo, deben contar con la autorización del Ministerio de Justicia, que tan sólo se podrá oponer a la propuesta del CGPJ por motivos de disponibilidad presupuestaria.
APROBADAS LAS MEDIDAS QUE FUERON PRORROGADAS
Así con la firma de este acuerdo, el departamento que dirige Delgado da por autorizadas las medidas adoptadas para responder a las situaciones de excepcional retraso o acumulación de asuntos que fueron prorrogados sistemáticamente.
Por otro lado, el protocolo determina también el procedimiento para aprobar las medidas de refuerzo que no pueden considerarse estructurales. El CGPJ deberá comunicar cada mes al Ministerio de Justicia la relación de medidas de refuerzo que tiene previsto autorizar.
Deberá detallar cuál es el plan de actuación, la situación del órgano judicial, la razón que ha provocado el retraso, el volumen de trabajo y el número de asuntos pendientes. Tras ello, el Ministerio, con periodicidad mensual, tendrá que validar esas medidas y tampoco podrá oponerse, salvo insuficiencia económica.
APOYO A LOS JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL
Asimismo, el protocolo incluye una cláusula para que las medidas de apoyo que se aprueben no afecten a las funciones de refuerzo que vengan realizando los Jueces de Adscripción Territorial (JATs) con anterioridad a la entrada en vigor --mañana-- de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el nuevo régimen de llamamientos.
De este modo, los 164 JATs que a fecha de hoy desempeñan labores de refuerzo continuarán en su destino actual, ya que esas asignaciones se entenderán vigentes mientras subsistan las necesidades de excepcional retraso o acumulación de asuntos que motivaron la autorización de las mismas.
