MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha limitado a tomar nota de la designación de Gabriela Bravo y de Antonio Dorado para asesorar al Ministerio de Justicia en la elaboración de dos reformas legales, unos nombramientos que habían provocado la presentación de dos informes críticos elaborados por un grupo de vocales propuestos del POSE.
En la sesión ordinaria de este jueves, el Pleno del CGPJ ha debatido y tomado conocimiento de la designación de ambos vocales como integrantes, en su condición de expertos, de las Comisiones institucionales para la reforma de las leyes de Enjuiciamiento Criminal, de Demarcación y Planta Judicial y Orgánica del Poder Judicial.
En su espíritu de colaboración institucional y "sin perjuicio de las funciones consultivas de informe", ha señalado el órgano de gobierno de los jueces en un comunicado, el CGPJ "continuará trabajando a través de sus órganos y de los grupos creados, para fijar su posición e impulsar las posibles reformas para mejorar el funcionamiento de la Justicia en España".
El vocal progresista José Manuel Gómez Benítez había elevado a la sesión plenaria un escrito en el que pedía explicaciones al presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sobre el nombramiento de estos dos vocales por parte del Gobierno.
El Ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón sugirió que la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, --elegida a propuesta de los socialistas-- formara parte del equipo que se ocupará de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; mientras que el vocal conservador Antonio Dorado dirija los trabajos de modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
Ambos nombramientos han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros sobre la creación de dos comisiones institucionales para la elaboración de estas dos reformas legales, así como la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
POSIBLE INCOMPATIBILIDAD
Los vocales Margarita Robles, Felix Azón e Inmaculada Montalbán habían suscrito otro informe en el que cuestionaban la compatibilidad de los cargos en el Consejo con su puesto en una comisión asesora del Gobierno.
Las Comisiones están integradas también por abogados, catedráticos, fiscales y magistrados del Tribunal Supremo. Aunque para éstos últimos rigen las mismas incompatibilidades que para los integrantes del CGPJ, la peculiaridad es que el CGPJ puede emitir informes sobre los proyectos legales del Ejecutivo, mientras que los jueces se encargan de aplicar las normas aprobadas por el Parlamento.
Según las fuentes consultadas, el ministro de Justicia planteó al presidente del CGPJ y del Supremo su propuesta. El hecho de que Dívar no consultara esta decisión con el Consejo es otro de los aspectos que ha generado malestar entre algunos vocales.
Estas Comisiones, constituidas la semana pasada, prevén reunirse con una periodicidad semanal durante los próximos cinco meses, momento en el que tendrá que elevar su propuesta de texto articulado al Ministerio de Justicia. Sus integrantes no percibirán remuneración salarial por esta dedicación.
