MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reeligió hoy por unanimidad de sus 19 miembros a Carlos Dívar como presidente de la Audiencia Nacional, en la misma sesión en la que remitió a esta sede judicial el auto del Tribunal Supremo que anuló por segunda vez el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal, informó hoy el órgano de Gobierno de los jueces.
Una vez recibido el auto por la Audiencia Nacional, Gómez Bermúdez quedará cesado como presidente de la Sala de lo Penal y quedará adscrito a ella como simple magistrado. De la Presidencia de la Sala de lo Penal se hará cargo a partir de ahora el magistrado más antiguo, Fernando Bermúdez de la Fuente, como ya ocurrió tras la primera anulación del nombramiento de Gómez Bermúdez.
Previsiblemente el próximo martes la Comisión de Calificación del Consejo volverá a preparar una terna de candidatos para la Presidencia de la Sala de lo Penal, que deberá motivar en función de los méritos que presentaban en 2004.
El nombramiento de Gómez Bermúdez se anuló por segunda vez, porque la Comisión incluyó en su caso datos posteriores a ese año, el de la primera designación. Los otros candidatos que componían la terna son Alfonso Guevara y Baltasar Garzón, cuyo currículo se redujo sensiblemente.
Los motivos que acompañen la terna de la Comisión de Calificación serán estudiados en el próximo Pleno, que ya se celebrará el próximo mes de enero.
NOMBRAMIENTOS.
Además, el Pleno volvió a aplazar por tercera vez consecutiva los nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo y la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia por falta de acuerdo entre sus miembros.
En cambio, sí ha nombrado a Jesús Fernández Entralgo como presidente de la Audiencia Provincial de Huelva y a José Ramón Navarro Miranda, de la de Santa Cruz de Tenerife. El primero, que también optaba a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha sido elegido por trece votos a favor, al igual que Navarro Miranda.
El Consejo también ha nombrado a María del Carmen Sánchez-Parodi, con doce votos a favor, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Tenerife.
PIDE ENMIENDA SOBRE RETRIBUCIONES AL CONGRESO
Asimismo, el Pleno ha decidido pedir al Congreso la enmienda introducida por el PSOE en la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que las retribuciones variables por objetivos de jueces y magistrados no puedan concederse si no alcanzan la media del rendimiento que han realizado durante los últimos cinco años. Además, convocará con urgencia una reunión de la Comisión Mixta Consejo-Ministerio de Justicia para estudiarla.
El órgano de Gobierno de los jueces ha deliberado hoy en relación con el estudio realizado sobre la enmienda por su portavoz, Enrique López, como presidente de la Comisión de Organización y Modernización Judicial. La decisión adoptada responde "a la preocupación existente en la carrera judicial sobre el régimen retributivo que puede resultarle de aplicación".
La enmienda también incluye que el Consejo pueda "determinar por vía reglamentaria los factores de corrección que puedan incidir invidualmente en la consecución del objetivo" para las retribuciones, pero siempre "previo informe favorable del Ministerio de Justicia".
En el estudio se rechazaba esta propuesta porque "el criterio meramente estadístico adoptado, referido a un plazo de cinco años, supone establecer hoy como objetivo ordinario y razonable lo que, sin duda, hasta ahora, han sido los frutos derivados de esfuerzos extraordinarios por parte de jueces y magistrados", lo que, en su opinión, supone que "el esfuerzo extraordinario de hoy se convierte, por arte de estadística, en el esfuerzo ordinario y obligatorio del mañana".
Además, también considera que la enmienda "supone colocar al Ministerio de Justicia como árbitro absoluto de la determinación de los objetivos a los que vienen obligados los jueces y magistrados, con grave quebranto de la concepción y funciones constitucionales del Consejo General del Poder Judicial", que comprenden "el establecimiento de las cargas razonables que puede recaer sobre un órgano judicial".
