MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hoy, por unanimidad, realizar "una llamada a la prudencia en la crítica de las resoluciones judiciales, máxime cuando proceden de poderes públicos", en relación con la declaración institucional realizada el pasado 17 de octubre por el Gobierno vasco, que tachó de "falta de respeto", que "no va a resultar gratuita" la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de encausar al lehendakari, Juan José Ibarretxe, por reunirse con Batasuna
Tres días después de conocerse la postura del ejecutivo vasco, la Sala de Gobierno del TSJPV lamentó el contenido de la citada declaración al producirse ésta "con desconsideración del principio de paz jurídica". El tribunal deploró además que la crítica a la actuación de un órgano judicial no tuviera en cuenta el "exigible respeto institucional que se debe al ejercicio legítimo de la función jurisdiccional".
Además de aprobar la declaración, el Gobierno Vasco anunció que tomará las medidas tanto jurídicas como políticas necesarias para "rescatar el derecho del lehendakari a hacer política y superar el veto que algunos quieren imponer al diálogo".
El texto de la declaración fue dado a conocer por la vicelehendakari, Idoia Zearrutzabeitia, el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, y el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo.
El contenido de la declaración señalaba la decisión del TSJPV es "un tema de enorme gravedad desde el punto de vista tanto jurídico como político". Añadía que el proceso contra el lehendakari generará consecuencias negativas en las relaciones institucionales "y en la necesidad de diálogo entre representantes políticos que esta sociedad vive especialmente en estos momentos".
Tras advertir de que "no va a resultar gratuito encausar al lehendakari de Euskadi", la declaración denunciaba que se trata de una decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco "que atenta directamente contra la división de poderes". "Los derechos fundamentales del lehendakari para ejercer su acción política están rotos y en suspenso", indicaba.
Además, el texto recordaba que "no es la primera vez que se sufre esta violación en este país, pero sí es la primera vez que alguien se atreve a dirigirla contra la máxima autoridad del país, contra el lehendakari".
A su entender, el TSJPV "ha generado un conflicto institucional de la máxima gravedad, porque no hay un sólo argumento jurídico que avale su decisión". "Toda la sociedad sabe que una reunión política no puede ser un delito y el fundamento del tribunal es, por lo tanto, exclusivamente político", critican, para advertir de que "ante tal quiebra de la separación entre la política y el Poder Judicial, el Gobierno no va a transigir con esta situación", precisaba el texto.