Martínez le pregunta que si la Junta está "limpia", por qué se ha "vetado" una comisión de investigación en el Parlamento
SEVILLA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, quiso dejar hoy claro ante el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz ha ejercido su "responsabilidad" a la hora de adoptar actuaciones para hacer frente a la corrupción en Marbella e impugnar licencias de construcciones ilegales. Chaves apeló además a la "prudencia" del PP, sobre todo, a la hora de dejar que sean los jueces los que decidan y determinen todas las "responsabilidades" sobre la corrupción que ha azotado a la ciudad.
Chaves respondió ante el Pleno a una pregunta sobre este asunto de la presidenta del grupo popular, Teófila Martínez, quien, tras recalcar que el PP ha sido el único partido que no se ha visto "salpicado" por la corrupción urbanística en Marbella, criticó que la Junta, pese a ser la administración competente a la hora de velar por la legalidad y el control urbanístico en la comunidad, se mantuviera durante años "ajena" y mirado "para otro lado", "complaciente" con las irregularidades que se estaban cometiendo en el municipio y, en consecuencia, "negligente en la ejecución de sus competencias".
Además, Martínez calificó de un "sarcasmo" que la Junta, tratando de "diluir y ocultar sus propias responsabilidades", haya pretendido "obstinadamente" presentarse en el procedimiento judicial abierto como "parte perjudicada" y "víctima" de lo ocurrido. "Si trataba de llevar a cabo una operación para lavar la imagen esgrimiendo que ha sido parte perjudicada, ha resultado fallida", señaló Martínez en referencia a la Junta.
De hecho, puso de manifiesto que el auto judicial en relación con la operación Malaya dice que la Junta tiene "responsabilidades civiles", como partícipe a título lucrativo de los "beneficios tributarios" obtenidos por las licencias ilegales. Lamentó que Chaves "no sólo descalifique el auto judicial, sino que hace lo posible por obstruir y vetar una explicación política en el Parlamento andaluz sobre la responsabilidad de la Junta".
Acto seguido, el presidente de la Junta empezó dejando claro que "ningún concejal o concejala del PSOE ha estado implicado en ninguna corrupción" y dijo que si el PP se considera "limpio como una patena, nosotros, como mínimo, estamos tan limpios como ustedes". Tras indicar que él nunca ha dicho que los jueces, fiscales y Fuerzas de Seguridad estén "al servicio de los intereses del PSOE", manifestó que respeta el trabajo y las decisiones del juez que instruye el caso Malaya, Miguel Angel Torres, porque está desarrollando una "gran labor para desenmascarar toda corrupción" y apuntó, respecto al auto, que tiene que "disentir" de él en lo que respecta a la posición de la Junta.
De hecho, Chaves señaló que la Junta ha ejercido su "responsabilidad" en Marbella para hacer frente a la corrupción, lo que se traduce en la impugnación, desde 1992, de más de 400 licencias de obras ilegales; en la comunicación a Fiscalía de 115 actos presuntamente delictivos; en la presentación de más de 300 solicitudes de suspensión de licencias ante el tribunal; en el rechazo, por tres veces, del planeamiento urbanístico que planteó el Ayuntamiento en manos del GIL y que "sí apoyó el PP"; en promover cambios en el criterio jurisprudencial para la suspensión cautelar de licencias impugnadas, y en medidas legales como la retirada de las competencias urbanísticas a los ayuntamientos en caso de incumplimiento de la legalidad.
Chaves aprovechó incluso para recordar al PP que cuando su actual presidente regional, Javier Arenas, era vicepresidente del Gobierno central, durante una intervención en el Congreso de los Diputados en 2003, puso de manifiesto que la Junta había reaccionado "con acierto" en el terreno urbanístico. Preguntó al PP qué es lo que ha pasado para que ahora cambien de posición, añadiendo acto seguido que seguramente se debe a la "proximidad de las elecciones municipales".
Asimismo, el presidente quiso dejar claro que ni la Junta ni el Gobierno central en la etapa de José María Aznar se "beneficiaron por el cobro de impuestos" a construcciones en Marbella, toda vez que el dinero recaudado iba a parar a los ciudadanos a través de obras públicas y equipamientos. Señaló que si ambas administraciones no hubieran cobrado esos impuestos --el de transmisiones patrimoniales onerosas, en el caso de la Junta, y sobre el valor añadido, en el del Gobierno-- hubieran incurrido en un "delito de prevaricación", apuntando que la ilegalidad de una construcción sólo la pueden declarar los jueces y, en ese momento, no era el caso. "La Junta ha hecho lo que tenía que hacer en Marbella", sentenció Chaves, que apuntó que del PP sólo había "silencio y boca callada".
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
En su turno de réplica, la presidenta del grupo popular le dijo que si la Junta está "tan limpia" ante lo ocurrido en Marbella, por qué el PSOE ha "vetado" la creación de una comisión de investigación en el Parlamento para dilucidar la responsabilidad de la administración autonómica y ahora sólo le "preocupan" las sedes del PP en la ciudad.
"Será por las comisiones de investigación que usted abre en el Ayuntamiento de Cádiz", espetó Chaves a Martínez, quien es alcaldesa de la ciudad. Para el presidente, mientras la Junta está trabajando por el futuro de Marbella con propuestas y soluciones, el PP sólo plantea asegurar "las culpas a los demás, olvidando que los culpables están en los tribunales de justicia".
El presidente se mostró seguro de que si los marbellíes hubieran seguido su debate con Martínez no hubieran estado muy satisfechos por cuanto "no contribuye a retirar la imagen negativa que hay sobre Marbella", ya que lo que esperan es que, al menos, los dos grandes partidos de Andalucía se dediquen a hablar fundamentalmente del futuro de la ciudad y de sus proyectos.
Por último, el presidente no evitó poner de manifiesto que el PP ha llegado a "pactar" con el GIL y que, de hecho, de los 90 concejales que esa formación tenía en 2003 en Andalucía, 38 "militan ahora en las filas del Partido Popular", que además "votó a favor de los planes urbanísticos de Marbella en la Comisión Provincial de Urbanismo", al tiempo que "no impugnó ni una sola de las decisiones aprobadas en el ayuntamiento en manos del GIL".
Además, después de que Martínez aludiera durante su intervención a casos de corrupción urbanísticas en otros municipios de Andalucía gobernados por el PSOE, Chaves le recordó que actualmente hay una serie de alcaldes y concejales del PP a los que se ha pillado con las "manos en la masa", mencionando los casos en los que se han visto envueltos los alcaldes del PP de Alhaurín el Grande (Málaga), de Ogíjares (Granada), de Alhendín (Granada) o el asunto de la Zona Franca de Cádiz.
