Chivatazo.- La Audiencia Nacional mantiene las medidas cautelares al inspector imputado por facilitar el móvil del soplo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Nacional ha decidido mantener las medidas cautelares impuestas en marzo pasado al inspector José María Ballesteros, que se encuentra imputado por facilitar al dueño del bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, el móvil con el que supuestamente se produjo el chivatazo en el que se advertía de la existencia de una operación contra el aparato de extorsión de ETA.

Así consta en un auto dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en el que se rechaza, con el aval de la Fiscalía, el recurso de apelación que la defensa de Ballesteros presentó contra el auto que el juez instructor Pablo Ruz dictó el pasado 10 de marzo para imponerle la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado más próximo a su domicilio.

El tribunal, integrado por los magistrados Fernando García Nicolás (presidente), Ángel Hurtado y Julio de Diego (ponente), desestima la petición de la representación de Ballesteros, al que se atribuyen los delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos, al señalar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige "la comparecencia de todo imputado en situación de libertad provisional".

En una vista celebrada el pasado 3 de mayo el abogado de Ballesteros, José Luis Vegas, defendió el levantamiento de las comparecencias argumentando que éstas no eran necesarias al tratarse de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que está "en servicio", que tiene "familia y domicilio conocido" y que no pretende "sustraerse a la acción de la Justicia".

INDICIOS DE DELITO

El fiscal Carlos Bautista se opuso a la pretensión del letrado del inspector al enteder que las medidas cautelares están avaladas cuando existen indicios racionales de la comisión de un delito, según recoge en dos sentencias la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Ballesteros está imputado en esta causa junto al ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, que supuestamente dio la orden de realizar el soplo, y el jefe superior de Policía del País Vasco, que habló con Elosua, tal y como se explica en el informe final de conclusiones de los investigadores.