La Fiscalía afianza su posición de solicitar el archivo de la causa al considerar que "lo que hay es lo que había"
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El jefe del equipo que dirigió la investigación sobre el supuesto chivatazo que el 4 de mayo de 2006 impidió el desarrollo de una operación contra el aparato de extorsión de ETA, Carlos G., volvió hoy a apuntar al ex director general de Policía Víctor García Hidalgo y a los otros dos mandos policiales que están imputados como responsables de la filtración, informaron hoy fuentes fiscales.
Así lo indicó el autor principal del informe que incrimina a García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco y a un inspector de la Brigada de Información de Álava después de declarar durante casi dos horas ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que le interrogó después de que el pasado lunes la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le ordenara "agotar la investigación".
Carlos G., que mantiene su condición de testigo tras el interrogatorio, ya que ninguna de las partes personadas en la causa solicitó su imputación, se ratificó en el informe incriminatorio que realizó tras llevar a cabo la investigación interna sobre el origen del chivatazo, tal y como hizo en su primera declaración ante el juez.
"Lo que había es lo que sigue habiendo", señalaron las citadas fuentes, que añadieron que el testimonio del jefe del equipo de investigación "no añade nada nuevo pero ha sido muy interesante y ha servido para mucho". De esta forma, la declaración afianzaría la tesis del fiscal Carlos Bautista, que solicitó el pasado 5 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que no se ha podido acreditar la identidad del autor de la filtración.
Según el informe de Carlos G., la delación se habría producido después de que García Hidalgo ordenara que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosúa, mediante una llamada que el jefe superior realizó al inspector de Álava, que habría entregado a éste su teléfono móvil.
LOS OTROS DOS AGENTES CUMPLÍAN ÓRDENES
Tras la declaración de Carlos G., que fue calificada como "muy tranquila" por varios de los asistentes, comparecieron ante el juez dos funcionarios del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Investigación de San Sebastián identificados con los nombres de 'Unai' y 'Sugoi' que formaron parte del operativo instalado en torno al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), el lugar donde se produjeron los hechos.
Los dos policías, que forman parte de la escala básica del cuerpo, explicaron que el día de los hechos se limitaron a cumplir las órdenes que les dieron sus superiores hasta el momento en el que se desmontó el operativo, según las citadas fuentes.
A la declaración también asistieron los abogados de Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que ejercen la acusación popular en el procedimiento. El letrado de la AVT, Antonio Guerrero, aseguró no poder facilitar ninguna información sobre los interrogatorios "por orden expresa" del presidente de la asociación, José Antonio García Casquero, mientras que fuentes de DyJ aseguraron que analizarán el contenido de esta declaración para llevar a cabo nuevas iniciativas.
LLAMADAS DESDE LA CABINA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 recibió hoy el informe que encargó ayer al Cuerpo Nacional de Policía para que le informara sobre los datos de identificación de la cabina situada junto al bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), donde se produjeron los hechos, si ésta estaba intervenida judicialmente y si consta alguna llamada del propietario del local, Joseba Elosúa.
A este respecto, el juez quiere saber si Elosúa llamó al etarra José Antonio Cau, al que se considera enlace de la banda para el cobro del 'impuesto revolucionario', y si existe alguna transcripción de las conversaciones que ambos pudieran haber mantenido a través de sus teléfonos móviles o fijos.
Ahora el magistrado tiene previsto cursar una comisión rogatoria a las autoridades judiciales francesas para preguntar si la suspensión de la operación policial contra el aparato de extorsión de ETA estuvo motivado por una filtración policial a Elosúa.
También preguntará si existe alguna investigación o análisis de las llamadas que realizaron los implicados durante los días 3, 4 y 5 de mayo de 2006 para solicitar, en ese caso, copia de todas las actuaciones que se realizaron en territorio galo en relación con esta causa.
"GRAVEDAD SIN PRECEDENTES"
En su auto del lunes, la Sala de lo Penal obligó a Garzón a interrogar a Carlos G., "habida cuenta de la naturaleza de los hechos y su especial singularidad". A su juicio, la posible filtración de la investigación sólo puede provenir de responsables de la misma", por lo que "la declaración de este funcionario lejos de ser inútil y perjudicial", como apuntó Garzón, "resulta necesaria con el fin de esclarecer los hechos lo más posible".
En relación con los otros dos funcionarios policiales, el tribunal entendía que deben ser interrogados por su relación con el operativo que se instaló en torno al bar Faisán. Según el auto, su declaración "no puede ser considerada innecesaria ni perjudicial", al entender que "la especialidad de los hechos investigados explica la necesidad de la misma".
La Sala también estimaba que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secreto y de colaboración con banda armada, por lo que, "de ser realizados por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adquieren una gravedad sin precedentes en la lucha contra el terrorismo en España".
En este sentido, los magistrados Ángel Hurtado (presidente), Enrique López (ponente) y Julio de Diego destacaban que el soplo a ETA, que se habría producido el 4 de mayo de 2006, tiene "la gravedad suficiente como para exigir el máximo de celo investigador, transparencia y, sobre todo, agotar al máximo la investigación".
