MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha levantado el secreto sobre la última parte de las actuaciones que permanecía secreta, una conversación en la que dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía hablaban sobre el chivatazo que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), informaron fuentes jurídicas.
La transcripción de la charla fue remitida el pasado 24 de marzo por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, que había intervenido los teléfonos de los dos agentes en el curso de una investigación que llevaba a cabo sobre tráfico de drogas. En ella, los dos policías se referían a los hechos investigados.
Tras recibir esta documentación, Ruz la unió a la pieza separada en la que estaban incluidos nueve folios de la comisión rogatoria que le remitió la juez antiterrorista francesa Laurence Le Vert, al tiempo que declaró el secreto sobre su contenido.
Además, el pasado 30 de marzo tomó declaración a los dos agentes en calidad de testigos para que ratificaran el contenido de la conversación y comprobar si podían aportar datos que tuvieran relevancia para el esclarecimiento de los hechos.
Según las citadas fuentes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acordado levantar el secreto sobre esta parte del procedimiento, al considerar que no es necesaria la práctica de nuevas diligencias al respecto.
LEVANTADO TODO EL SECRETO
De esta forma, las partes podrán acceder a todos los documentos sobre la delación policial al aparato de extorsión de ETA que se produjo en el bar 'Faisán', a excepción de las partes en las que se revela la identidad de los cinco testigos protegidos que declararon ante el juez Ruz y las menciones por las que podrían ser reconocidos.
Ruz interrogó como testigos protegidos en la causa sobre el chivatazo policial a ETA a tres negociadores del Gobierno --el presidente del PSE, Jesús Eguiguren; el vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez y el ex ministro de la Presidencia Javier Moscoso--, un vecino de la localidad que escuchó una conversación en la que participaba el dueño del establecimiento y receptor del soplo, Joseba Elosúa.
En la causa están imputados por un delito de colaboración con organización terrorista (penado con hasta 10 años de cárcel) y revelación de secretos (con un máximo de tres) el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía en el País Vasco y un inspector de Vitoria.
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