Estos documentos fueron encargados por el Ayuntamiento y entregados a la Comunidad de Madrid para que levantara la paralización del Plan
MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los abogados de los ex alcaldes socialistas Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón, encarcelados y posteriormente puestos en libertad bajo fianza por su supuesta implicación en la presunta trama de corrupción urbanística de Ciempozuelos, han entregado en el Juzgado tres informes, en los que se asegura que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Consistorio se adecua "absolutamente" a la legalidad vigente, por lo que los letrados concluyen que no existe "ningún tipo de corrupción en Ciempozuelos", según informaron a Europa Press.
Estos tres informes fueron encargados por el Ayuntamiento y, posteriormente, presentados a la Comunidad de Madrid para que levantara la paralización de la tramitación del Plan. El primero de los informes -continúa el escrito de los abogados- "pone de manifiesto la absoluta adecuación del PGOU a la legalidad vigente" y "a las determinaciones de la Comunidad de Madrid", al tiempo que añade que las propuestas de clasificación del suelo responden "a las expectativas de crecimiento de población y de la actividad industrial terciaria y tecnológica del municipio".
"La estrategia de gestión del suelo (...) resulta adecuada a las necesidades del municipio y responde a una ordenación urbanística técnicamente positiva para el periodo de vigencia del plan", dice el texto. Además, añade que el Plan "ha observado plenamente" la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y ",desde el punto de vista procedimental, no existe obstáculo alguno que impida la aprobación del mencionado Plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad".
Este primer informe ha sido realizado por el Instituto Pascual Madoz de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad Carlos III y encargado por el Ayuntamiento de Ciempozuelos. Dicho informe ha sido coordinado por el catedrático Luciano Parejo.
"ESPRODE YA GOZABA DE SUELO URBANIZABLE"
El segundo informe, coordinado por el director del equipo redactor del PGOU, Alejandro Arca, dice que "las fincas de Esprode estaban clasificadas en las normas subsidiarias vigentes como suelo no urbanizable común, y esta clase de suelo es equiparable al suelo urbanizable", por lo que concluye con que "no existe reclasificación de suelo pues Esprode, con las normas subsidiarias vigentes y sin necesidad de un nuevo PGOU, ya gozaba de la clasificación de suelo urbanizable en sus fincas", de tal forma que "ni existe reclasificación de suelo" y "el posible contrato" entre "Esprode y el ex alcalde no es un convenio urbanístico".
Según los abogados, el contrato es "ilógico por quien lo firma y por el contenido de la cantidad que se dice que se va a entregar (no hay plan de urbanismo que genere una comisión de 40 millones de euros)", y agregan que "Esprode no necesitaba pagar cantidad alguna por reclasificaciones de suelo (...) porque dependía de su iniciativa la total ultimación de sus proyectos".
Asimismo, los letrados han presentado ante el juez que instruye el caso un tercer informe urbanístico encargado por el Ayuntamiento de Ciempozuelos y suscrito por la entidad Laso Consultores S.L., en el que se indica que "el acuerdo de aplazamiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid no cuestiona ninguna determinación técnica del documento del plan y no señala ningún vicio en la tramitación administrativa del expediente".
Basándose en estos informes, el Ayuntamiento de Ciempozuelos decidió, el 28 de diciembre del año pasado en un pleno extraordinario, volver a presentar el Plan al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva, actualmente paralizado.
Así, los abogados recuerdan que el PGOU fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos de la corporación, y ya había sido presentado para su aprobación definitiva en la Comunidad de Madrid, siendo devuelta por ésta "sin ningún criterio jurídico".
"LINCHAMIENTO" A LOS EX ALCALDES
El escrito judicial considera que "se parte de un hecho indemostrado y que no se intenta demostrar para mantener una situación de sospecha que está dando pábulo a un linchamiento personal y político de nuestros patrocinados", en referencia a sus representados, los ex alcaldes socialistas Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro.
En relación con el inicio de este presunto caso de corrupción, los letrados dicen que el Juzgado de Valdemoro admitió la tramitación de unas diligencias "fundamentadas en una denuncia absolutamente indemostrada hasta este momento procesal" por parte de Manos Limpias, "una acusación mediatizada por un interés político".
Por estos motivos, manifiestan que "se hace necesario que este Juzgado emita ya opiniones sobre la existencia o no de indicios o pruebas que sustenten la ilegalidad del Plan General de Ordenación Urbana de Ciempozuelos".
Finalmente, responsables de la Comunidad de Madrid mantuvieron, en declaraciones a Europa Press, que el Plan no será aprobado hasta que no concluya el proceso judicial. "Hay que esperar a la resolución del juez, y luego se estudiará la tramitación del PGOU".
